Somos testigos de la corrupción sistémica, por
el privilegio indebido que nuestro vecino, el “más grande del mundo”, con la
ayuda de las más duras dictaduras de Latinoamérica, en cumplimiento de la
doctrina más antidemocrática conocida en el mundo entero, sigue aplicando sobre
nosotros. Para el despojo de nuestros legítimos derechos de condóminos,
expresado en el Acuerdo firmado entre los dos países.
Este tratado, con el transcurso del tiempo fue
interpretado en perjuicio de la parte más débil, cuya pérdida no solo fue de
territorios, sino también de vidas humanas y la destrucción total del
ecosistema de los aborígenes, muchos de los cuales fueron “liquidados” sin
miramientos, por los esbirros del dictador, quienes alegaban que los nativos se
negaban a salir de su hábitat. Que impedían el “progreso”. La obra debía
continuarse para el “bien” de los dos pueblos.
Por principio de derecho, todos los actos,
hechos y prácticas, realizados durante la dictadura, deben ser revisados y
dejados sin efecto, si perjudican a un particular o a la sociedad; ni que
decir, a toda una nación. Fundado en los derechos humanos y económicos,
consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica, que nuestro país debe tratar
de hacer cumplir.
Este privilegio indebido, impuesto
internacionalmente sobre nuestro país, según la TGC , nos está demostrando la magnitud de este
flagelo; denominada, técnicamente, corrupción sistémica; la cual se da en la
interpretación de un acuerdo entre naciones.
Lo mismo ocurre a diario en nuestro país, en
perjuicio de muchos conciudadanos, ya que, la dictadura política, aparentemente
ha desaparecido, pero la tiranía interpretativa de la Justicia , sigue la
corrupción sistémica.