Cada día nos parece más preocupante, la conducta antisocial de la gente; al tratar de vivir este sistema democrático; participativo, con libertad de acción y de pensamiento, cuyo árbitro es el cuarto poder, enemigo mortal de la corrupción sistémica; tan temible, para toda sociedad.
Nos damos cuenta entonces, que las instituciones de carácter disciplinario tales como: tribunales de conducta o tribunales éticos, no pueden disminuir la corrupción; ya que la misma es una sucesión de hechos, no siempre atribuibles a una sola persona. Por lo tanto, solo puede ser tratado y controlado, por medio de la buena aplicación de la ley. Levantando la moral de la función pública.
Según la TGC, el derecho fue creado, y, hoy debe aggiornarse ante la corrupción, justamente, para tratar de superar la simple sanción moral, impuesta sobre algunos miembros de las instituciones, pero que en latino américa, casi nunca renuncian o son removidos de sus cargos; por los hechos, actos o prácticas de corrupción. Por el contrario, parecen acomodarse mejor y callarse, aplicando la "ley del ñembotavy". tan folclórico, pero que no colabora en nada al saneamiento de las instituciones democráticas.
Es cierto, la civilidad también se calla, por amiguismo partidario, a los grandes atropellos. Algunos llegaron a ser acusados de plagio en tesis doctorales, pero siguen siendo miembros de los poderes. En una democracia todo se sabe o se debe saber, de los funcionarios públicos. Sin posibilidad de alegar "privacidad".
Hay casos de altos funcionarios sancionados por tribunales éticos, otros por la opinión pública, pero que no produce ningún resultado; la mayoría sigue en sus puestos.
Vemos que a la gran corrupción no se puede disminuir a través de la ética; más bien, encarecemos a los ejecutores, pagados con la plata del erario público. Mientras, la pequeña corrupción, como chivo expiatorio, sigue aumentando las cárceles; pidiéndose más rubro, en nombre del saneamiento.
Esa realidad continuará, si no se comienza a aplicar, con criterio objetivo, a la corrupción sistémica, el Estado de derecho y el respeto constitucional.
Nos damos cuenta entonces, que las instituciones de carácter disciplinario tales como: tribunales de conducta o tribunales éticos, no pueden disminuir la corrupción; ya que la misma es una sucesión de hechos, no siempre atribuibles a una sola persona. Por lo tanto, solo puede ser tratado y controlado, por medio de la buena aplicación de la ley. Levantando la moral de la función pública.
Según la TGC, el derecho fue creado, y, hoy debe aggiornarse ante la corrupción, justamente, para tratar de superar la simple sanción moral, impuesta sobre algunos miembros de las instituciones, pero que en latino américa, casi nunca renuncian o son removidos de sus cargos; por los hechos, actos o prácticas de corrupción. Por el contrario, parecen acomodarse mejor y callarse, aplicando la "ley del ñembotavy". tan folclórico, pero que no colabora en nada al saneamiento de las instituciones democráticas.
Es cierto, la civilidad también se calla, por amiguismo partidario, a los grandes atropellos. Algunos llegaron a ser acusados de plagio en tesis doctorales, pero siguen siendo miembros de los poderes. En una democracia todo se sabe o se debe saber, de los funcionarios públicos. Sin posibilidad de alegar "privacidad".
Hay casos de altos funcionarios sancionados por tribunales éticos, otros por la opinión pública, pero que no produce ningún resultado; la mayoría sigue en sus puestos.
Vemos que a la gran corrupción no se puede disminuir a través de la ética; más bien, encarecemos a los ejecutores, pagados con la plata del erario público. Mientras, la pequeña corrupción, como chivo expiatorio, sigue aumentando las cárceles; pidiéndose más rubro, en nombre del saneamiento.
Esa realidad continuará, si no se comienza a aplicar, con criterio objetivo, a la corrupción sistémica, el Estado de derecho y el respeto constitucional.