Últimamente la democracia participativa,
constitucional; con libertad de acción y de ideas, está dando una buena lección
al pueblo, al conocerse:
1) la capacidad real y los límites del poder,
y,
2) la influencia de la corrupción sistémica en
el mismo.
Hoy, el cuarto poder no tiene dudas: “…todos
los responsables de los hechos, actos o prácticas de corrupción deben ser
sancionados”. Por defraudar la confianza depositada en sus personas, a través
del voto soberano. Valor y contraprestación debida en la democracia.
Según la TGC el abuso de poder o el tráfico de influencias
es corrupción sistémica. Como tal, debe ser resarcido en cada caso, de acuerdo
a los artículos constitucionales; quedando a cargo de la justicia, la difícil
misión de penalizar, a los propios miembros de los poderes.
Los magistrados y fiscales, como funcionarios
públicos, con facultad de decidir y punir, están expuestos, incluso, a perder
sus puestos por tratar de aplicar la ley en contra de algunos implicados en
corrupción. En varios casos, cuando existen documentos que involucran,
directamente, a cabezas visibles de los tres poderes.
En un país desarrollado, donde la corrupción
se considera de alta peligrosidad; alguien, acusado con tales pruebas, como mínimo,
renunciaría, por ética y salud pública.
Pero aquí, “entre nos”, como diría
“Cantinflas”, es casi improbable que así ocurra. Por el contrario, se sigue
utilizando el poder, para camuflarse en fueros y discrecionalidades. Más
prerrogativas, para demostrar, alevosamente al pueblo, su desprecio por la Carta Magna
El desconocimiento de la asignatura “ética” en
la función pública, tal vez, sea la causa de la decadencia política. Eso es,
ignorancia. Originando la falta de respeto hacia la cosa pública. Que los
representantes, con capacidad, pueden, fácilmente desviar para su beneficio
personal o el de algún miembro de su familia, amigos o correligionarios.
Será un signo, indudable, de que la corrupción
sistémica está bajando, no la dimisión a empellones de los actores políticos
involucrados, sino la renuncia voluntaria con el fin de reparar moral y
jurídicamente el país.