La fe es la moneda de cambio más usada, en la
economía; pero aplicada a la disminución de la corrupción sistémica,
sencillamente, es una demagogia; de no existir un “buen gobierno”.
Si para obtener una ley, se está violentando
el Estado de derecho constitucional, qué nos espera en la realidad de su
aplicación. Como ya ha ocurrido con las leyes referidas a la protección
ambiental.
Tenemos que comenzar a superar, la costumbre
de usar atajos para conseguir objetivos económicos; principalmente, aquellos
con muchos antecedentes de corrupción.
El buen gobierno, se logra, no solo con
proyectos, sino en la aplicación de la ley, a los implicados en corrupción
sistémica.
Los hermanos indígenas, por ejemplo, hasta la
fecha, aún identificando a los responsables, no fueron indemnizados por el
Estado, por los perjuicios ocasionados por los funcionarios públicos
encargados.
Según la TGC , si el poder no imparte una justicia rápida y
efectiva, el tiempo lo convierte en injusticia.
Para ayudar a este gobierno, todos los poderes
deben comenzar, actualizando todos los salarios de sus funcionarios públicos;
con criterio justo.
Si este Estado de derecho, con libertad, no se
implementa a través de los encargados de administrar justicia, respetando la
ley, así como se establece en la Constitución : el buen gobierno, junto a la
ciudadanía, seguirá siendo una utopía democrática.
Los abusos cometidos, en nombre de la
“democracia representativa”, deja muy alejados a la clase política de sus
representados.
La pelota ya está en la cancha; solo resta
disminuir, también, la corrupción sistémica, que hoy está siendo probada, de a
poco, por medio de los actos, hechos y prácticas, difundidos a la opinión pública.
Tenemos que seguir buscando, con insistencia,
el “buen gobierno”, sin ignorancia ni corrupción sistémica.