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La corrupción y el Poder Legislativo

(Una introducción al análisis de las leyes injustas y las leyes corruptas)

Todos los componentes del Poder Legislativo, en una democracia, son políticos, y como tales, se encargan de dar vida al Estado.

Por ser representantes de las distintas comunidades o pueblos, ostentan, con la Constitución Nacional vigente, un poder bastante amplio y autónomo para defender los intereses de sus departamentos y comunidades.

La ignorancia de los legisladores se revela al momento de auto adjudicarse sus dietas y beneficios, desmedidamente, y sin tener en cuenta la realidad económica del país.

Sus mismos promotores se dan cuenta entonces, que  sus representantes no se encuentran culturalmente preparados y son moralmente débiles para una democracia representativa.

Utilizan la representación que el pueblo les ha conferido para conseguir, por medio de sus investiduras, más de lo que legítimamente les corresponde como legisladores.

Piensan, que quienes  han depositado sus votos son tan ignorantes y corruptos como ellos mismos.

Los ignorantes peligrosos son los componentes por antonomasia de la corrupción legislativa, constituyéndose en sus operadores principales.

Como han llegado “pagando” por su silla, los peligrosos deben actuar de gestores de sus financistas. Promoviendo leyes corruptas, en confabulación con el poder ejecutivo.


Hasta hoy no conocemos de algún legislador que presente un informe de gestión, semanal o mensual, sobre los problemas de la zona que los eligió como sus representantes.

Con este tipo de representantes “desprendidos de la realidad”, lo único que se puede esperar son leyes injustas y corruptas.

No se deben confundir los conceptos de leyes injustas y corruptas; como el sistema corrupto, busca, precisamente, la confusión, trataremos de encontrar las muy sutiles y esenciales diferencias.

Las Leyes injustas, generalmente contienen vicios gramaticales, que provocan ambigüedad jurídica y deficiencias técnicas.

De ese modo la reglamentación de las leyes queda al arbitrio de los órganos administrativos que lo ejecuten. Incluso pueden contener normas plenamente inconstitucionales .

Los vicios de estas leyes por suerte son recurribles, ya que sólo manifiestan un desconocimiento, por parte de los legisladores y su equipo de asesores sobre la materia o el campo en el que están legislando.

También suele suscitarse este tipo de leyes cuando se intentan implementar normativas foráneas, sin realizar los estudios debidos de adaptación y aplicabilidad.

En síntesis, pasa como un “error” visible de los legisladores. No se configura la corrupción porque no se involucran a los demás poderes.

Sin embargo, las Leyes Corruptas, demuestran, ya desde la creación de los anteproyectos un marcado favorecimiento a un determinado grupo económico, familiar o mafiosa.

Al contrario de las injustas, las leyes corruptas pasan generalmente desapercibidas para la opinión pública, ya que la mayoría se promulga en períodos de receso o “agregadas” como “complementarias” de otra ley principal.

Para la promulgación de las leyes corruptas se requiere del involucramiento de los tres Poderes del Estado, y es precisamente el Poder Legislativo, a través de los peligrosos, que no conocen límites para la intriga y la manipulación política, el encargado de ésta “honorable” función.

La corrupción legislativa resulta de difícil comprobación, ya que los mecanismos del Estado para la investigación, como la Fiscalía General del Estado, Contraloría General de la República, tribunal de Cuentas, fiscalía de Cuentas, Defensoría del Pueblo, no cuentan con el suficiente apoyo legal para imputar y juzgar a los legisladores corruptos.

Éste es el mayor drama de América Latina, que será tratada en sucesivos materiales sobre corrupción.

Solamente emulando la perseverancia y honestidad de muchos legisladores de países desarrollados, que con sus investigaciones denuncian a sus mismos colegas parlamentarios, sin importar nombres  y apellidos, podremos comenzar una verdadera Democracia representativa y con justicia.

En nuestros países, en muy raras ocasiones, se ha podido procesar con éxito a funcionarios públicos por los llamados “delitos de corrupción”, que corresponden, como ya dijimos, a la primera fase de la corrupción. La misma naturaleza de los procedimientos administrativos corruptos los hace aparecer como “favores” políticos, y nunca tienen una base documental que pueda sostener una imputación.

En tal sentido, muchos de sus actores, ignorantes peligrosos y analfabetos, ya no consideran a su proceder como corrupto, sino impulsores de actividades legalmente “permitidas”. Y se consideran ellos mismos mentores de  la normalización del sistema económico y social del pueblo.

Para entender esta actitud haremos nuevamente mención al presupuesto general de gastos de la nación, por ser el instrumento y la manera más fácil para conocer y prevenir todas las irregularidades de un Estado, a corto y mediano plazo.

Como ya dijimos, son  los miembros del Poder Legislativo los encargados de aceptar o rechazar el proyecto presentado por el Ejecutivo; por lo tanto, trataremos de deslindar responsabilidades.

Es común que el presupuesto se presente bastante abultado.

Como dicen algunos economistas: “Para que luego de regatear un poco, quede aún algo a los directores”.

Al ser aprobado por las dos Cámaras del Congreso, el proyecto de presupuesto queda prácticamente promulgado.

Y es allí donde podremos apreciar la influencia de la corrupción y sus agentes: los ignorantes.

En Latinoamérica, y principalmente en Paraguay, el  Estado sigue teniendo una participación mayoritaria en la administración de algunas instituciones fundamentales de los servicios públicos, como la provisión de energía eléctrica, abastecimiento de agua, servicios de telecomunicaciones, explotación ferroviaria, combustibles, por citar algunos.


La mayoría de estos servicios se encuentran a cargo de empresas deficitarias, de carácter privado-estatal manejados por la ignorancia y la corrupción de sus directores, que en su mayoría no tienen otro mérito más que el de ser operadores políticos, “leales” al sistema que sostiene a la corrupción.


En esta etapa, que todavía puede ser calificada de transición democrática, han aparecido leyes favorables a la privatización de las empresas del Estado.

Pero en el fondo, estas leyes corruptas, solo trasuntan en beneficio de los futuros compradores, y en perjuicio de los derechos adquiridos de los trabajadores y la calidad social del servicio prestado por tales empresas.

Mientras, los trabajadores se agrupan y organizan en sindicatos, la mayoría de ellos liderados por dirigentes ignorantes que sólo responden a su bolsillo y están prestos para “vender” a sus compañeros al mejor postor, con tal de seguir con sus beneficios en influencias políticas. Es decir, difícilmente, pueda encontrarse algún atisbo de autonomía sindical.

En cambio, los futuros compradores, amigos del sistema, conforman sociedades poderosas, cuyo único fin es el de saquear las empresas del Estado, lucrar por un tiempo y encarecer aún más los costos de los servicio públicos.

Muchas de éstas sociedades están compuestas por los mismos hombres más influyentes del gobierno de turno, mimetizados en testaferros.

Un sistema simple y perfecto de enriquecerse a costa de los bienes públicos, propio de los países subdesarrollados, confeccionado y dirigido por ignorantes acomodados, y gestionado hábilmente por los peligrosos.

De este modo, los legisladores se erigen como doblemente corruptos.

Primero, por utilizar su investidura para fines privados, y luego por emitir leyes espurias para explotar la buena fe de los trabajadores, engañados por los discursos oportunistas de sus senadores y diputados. Éstos últimos, carentes de todo escrúpulo, y cuya única motivación es la de servirse de sus votantes para alcanzar sus fines económicos personales.

En el Poder Legislativo paraguayo, se ha instalado el silencio cómplice de sus miembros.

Están convencidos de que el pueblo nunca se despabilará ni condenará sus actos.

Son reiteradamente elegidos para cada período, favorecidos por el sistema electoral que beneficia a los ignorantes.

Campañas políticas que no tienen nada que envidiar al más coordinado de los espectáculos circenses rusos.

Por lo tanto, y siguiendo con el presupuesto, que una vez ejecutado, si fue mal concedido, ya las ventajas estarán computadas por los avivados, que supieron crear un estado de necesidad y su solución aparente.

Y, que curiosamente los representantes del Pueblo no supieron desentrañarlas por “desatención”, ignorancia…o por formar parte de un sistema perfecto de corrupción.

Laignorancia y la corrupción, como queda demostrado, son aliados inseparables.

Lo hemos afirmado en las anteriores páginas y lo repetimos para afirmar, que los tres Poderes del Estado, con gran frecuencia se coadyuvan para lograr el perfeccionamiento del sistema de gobierno corrupto, para de esa manera evitar que sus actores y “pensadores” sean molestados, por lo menos hasta que termine el período.

Pero entonces, ¿Ya no podemos creer en la Justicia soberana de los pueblos…? ¿Y el poder Judicial?



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