En el corto tiempo de un nuevo gobierno, nos
pudimos dar cuenta de la gran cantidad de hechos, actos y prácticas de
corrupción, que se desarrollan en todo el país; de la falsedad de los
administradores, en todos los órdenes; de los manejos y el abuso ejercido en
los nombramientos, en los distintos poderes, para justificar favoritismo a los
amigos, parientes y correligionarios.
Según la TGC , todos los actores y encargados de las
funciones públicas, son responsables de los hechos, actos y prácticas de
corrupción, sucedidos dentro de su poder.
Al tener esta verdad, las falsedades
cometidas, tiene solo dos caminos, según el derecho: pueden ser anulados todos
los actos, realizados en perjuicio del erario público; y, segundo, hasta pueden
ser penalizados: Tanto autores como encubridores, por tratarse de abuso de los
cargos públicos.
Civilmente, estos abusos llevan aparejados
también la indemnización, por el daño al Estado y a la sociedad. En un Estado
de Derecho, con libertad, tanto de acción como de pensamiento: que está dando
sus frutos, porque se va comenzando a valorar la cosa pública.
La politiquería ya no tiene la misma facilidad
de otras épocas, cuando la función pública era un botín político prebendario.
Anular aquellos actos que atentan contra la Constitución y
penalizar a los responsables, es indispensable para disminuir, realmente, la
corrupción sistémica; para devolver el respeto hacia los cargos en las
instituciones del Estado.
La corrupción es un estado, repetitivo y
voluntario, que utiliza a la ignorancia en la obscuridad, en los sistemas de
poder. Ya sea en dictadura o en democracia, utilizando falsedades con viso de
legalidad ante el pueblo.
Aquí radica la importancia, precisamente, del
cuarto poder. Ya que, en una democracia en libertad, todo se debe saber y
conocer sobre los asuntos públicos. Nada puede esconderse al pueblo. Y los
responsables de tales falsedades deben ser, por lo menos, separados de sus
cargos; para dar ejemplo moral, en contra de la corrupción sistematizada.