Es de conocimiento público, la vigencia de una
ley que prohíbe la deforestación, en la Región Oriental.
Se encuentra a cargo de una fiscalía
especializada; de la policía ambiental y hasta de un Ministerio del ramo. Es
decir, existen las instituciones, además de personal, encargados de hacer
cumplir la ley.
Pero, la gran corrupción, sistémica, maneja la
cuestión y se burla de los mismos. Algunos procesados, pagan una multa, y han
llegado al colmo de decir: “Dos veces no me pueden juzgar por el mismo hecho”.
Así se siguen echando más hectáreas de bosque,
amparándose en este principio, al servicio de la ignorancia interpretativa; tan
usada en nuestro país para mantener la corrupción como negocio estatal.
La ciudadanía entera y, en especial, los aborígenes,
que habitan los lugares afectados, pagan y condenan estas injusticias,
cometidos contra su ecosistema. Piden a gritos justicia y equidad.
Según la TGC , la democracia, con libertad de acción y
pensamiento, posibilita el saber y conocer los hechos, a través del cuarto
poder. Ahora, lo único que esperamos es que se cumpla el Estado de Derecho,
para proteger los pocos bosques, que aún existen en la Región Oriental.
Diseñamos grandes instituciones y nombramos
ministros; designamos a personal judicial y del poder ejecutivo, para marcar
entrada y salida, diariamente, en las distintas instituciones públicas; pero, en
su accionar, en manos de algunos directores, parecería que están solo para
recaudar, mediante aparatosas y promocionadas intervenciones, que, usualmente,
alzan el rating de los noticiarios. Quedando a la vista, tan
solo los resultados negativos y el perjuicio para todos, produciendo la pérdida
total de fe en el orden público del país.
Si los encargados siguen aplicando la “cara
corrupta” de la ley 2524, dentro de poco, el país tendrá grandes contratiempos
ambientales; sobrepasando con creces, a los que actualmente atravesamos, como
ser la contaminación del lago Ypacarai
y, dentro de poco, del Ypoá.