EL ORIGEN DE UN SISTEMA

Me decía un parroquiano del Alto Paraná: “—Esta audiencia pública, nos permite testificar que la corrupción sistémica es poder.” Según la TGC, todo poder es naturalmente corrupto y utiliza la ignorancia en la ocultación. Ante el atropello de las instituciones, por parte de familias enteras, distribuidas en los cargos públicos, en los tres poderes del Estado, la administración de Justicia se ve cada día más golpeada. Ya que no tiene renovación ni capacidad, de los funcionarios atascados en los cuadros inferiores y medios.

A diario somos testigos de los atropellos de la politiquería; en nombre de cualquier autodenominado, comité de evaluación: al servicio de la corrupción sistematizada en el Estado. Según la TGC, la justicia debe buscar siempre la equidad, para disminuir la corrupción en todos sus niveles. Pero, si los mismos partidos con representación, no tratan de orientar a sus dirigentes, para luchar y bajar este flagelo; el país se convierte en un barco a la deriva: sin rumbo, donde los politiqueros aprovechan la necesidad de la gente, por medio de los ‘comités’, mesas de trabajo y otras conformaciones de mera propaganda. Con la repetida promesa de mejorar la situación nacional.

En todos los países subdesarrollados se pagan, generalmente, altas remuneraciones a los asesores. Esta práctica corriente, resulta una de las caras visibles de la corrupción sistémica, para vivir a costa del Estado.            Según la TGC, si el poder usa su estructura, con poca o ninguna ética, los que dirigen las instituciones se beneficiarán de sus cargos, lo cual, según la misma Convención Interamericana contra la Corrupción, resulta, a todas luces “corrupción” en sentido genérico. Pero en la definición jurídica, propuesta por esta nueva ciencia, se configura lo que llamamos corrupción sistémica o intraley. Es intraley, dentro de la ley, porque hasta que sus disposiciones administrativas y actos de poder, no sean declarados nulos, inconstitucionales, o, incluso, ilegales, las decisiones de los que dirigen un entidad pública tiene vigor jurídico; es decir, son de aplicación obligatoria y directa. Esta costumbre de enriquecerse a costa del presupuesto público, no e