Sobre la corrupción, asesores y honorarios

En todos los países subdesarrollados se pagan, generalmente, altas remuneraciones a los asesores. Esta práctica corriente, resulta una de las caras visibles de la corrupción sistémica, para vivir a costa del Estado.

     

     Según la TGC, si el poder usa su estructura, con poca o ninguna ética, los que dirigen las instituciones se beneficiarán de sus cargos, lo cual, según la misma Convención Interamericana contra la Corrupción, resulta, a todas luces “corrupción” en sentido genérico.

Pero en la definición jurídica, propuesta por esta nueva ciencia, se configura lo que llamamos corrupción sistémica o intraley.

Es intraley, dentro de la ley, porque hasta que sus disposiciones administrativas y actos de poder, no sean declarados nulos, inconstitucionales, o, incluso, ilegales, las decisiones de los que dirigen un entidad pública tiene vigor jurídico; es decir, son de aplicación obligatoria y directa.

Esta costumbre de enriquecerse a costa del presupuesto público, no es de reciente data en Latinoamérica, donde la mayoría de los hoy “multimillonarios” se han beneficiado del capitalismo amiguista; por medio de los grandes contratos con el denominado, por ellos mismos, de “ineficiente Estado”.

Ineficiente para cumplir con los servicios públicos mínimos, pero muy rápido y organizado, para colocar a los nepotes en cualquier cargo de relevancia, medio por el cual se adjudican las mayores obras y licitaciones en general. Con palabras similares se había expresado el actual presidente del Banco Mundial, en un reciente discurso sobre la lucha anticorrupción.

La mayor parte de los empréstitos y contratos del Estado, llevan el sello y la firma de grandes asesores internacionales, cuyos honorarios pueden llegar a consumir hasta más del 50 % del servicio de la deuda.

Lo mismo ocurre con las obras públicas y sus licitaciones, donde el porcentaje de la corrupción sistémica, incluso, suele imposibilitar el cumplimiento en plazo de las mismas. Pero, eso ya no interesa cuando el contrato fue aceptado. Total para eso están los allegados en el gobierno, para dar prórrogas interminables.

Ahora, tal vez para evitar demostrar  cómo actúa la corrupción sistémica, con visos de legalidad, en una institución de carácter público, de mucha importancia económica y social, como lo es la SEAM; se le ha otorgado a una entidad privada, las atribuciones de control y supervisión en la cuestión ambiental; además de “ceder a la ONG”, a perpetuidad, la facultad de obtener recursos internacionales para cumplir con sus amplias funciones.

La secretaría del ambiente, con este acuerdo, se limitaría a constituirse en un observador de lujo, con presupuesto, tecnología y legitimación suficiente como para refrendar cualquier decisión administrativa de la entidad “sin fines de lucro”. Una nueva figura decorativa, con presupuesto del  paquidérmico sistema estatal.

Es una muestra, para prueba y sondeo, de lo que se viene con la aplicación de la recientemente promulgada “Ley de alianza público privada”.

Por la nula gestión de este organismo ambiental, a menos de 50 kilómetros de la capital, los cursos hídricos, de mucha importancia para la subsistencia de la población, siguen siendo contaminados por gallinerías, mataderos y curtiembres. La SEAM ha otorgado permisos a todos, sin ningún control previo.

El respeto de un Estado de derecho, solo puede lograrse con empleados públicos responsables y coherentes, que respeten y hagan cumplir la ley.

Que las grandes instituciones gubernamentales, sigan pagando jugosos honorarios a asesores externos, en perjuicio del erario y de su propio funcionariado, constituye un acto de deslealtad jurídica, propio de la corrupción en sistema.

Por eso hospitales público-privados, como el IPS, no cumplen con su misión social, en bien de los trabajadores;  quienes ya vienen soportando también, compulsivos e ilegales descuentos en sus haberes, por parte de bancos y otras entidades financieras.

No se puede seguir con la política de la ignorancia y la ocultación en las esferas de poder, elemento indispensable para cobrar honorarios, en un Estado de corrupción sistematizada.