La realidad de los
trabajadores no es mejor en estos días; por la corrupción sistémica, implantada
en la estructura misma del poder, obligando a los obreros intentar conseguir reivindicaciones,
por el descuido de la finalidad política del “bien común”.
Según la TGC, si el poder
solo se dedica a recaudar, fácilmente cae en la ignorancia: al desconocer lo
que tiene, lo que puede tener y dónde puede aplicar los recursos. Resultado: desvío
de fondos, malversación y concesiones de bienes públicos, que a la larga son
altamente desfavorables para el Estado.
En un Estado democrático,
solicitar mejores condiciones para el trabajador, resulta una actividad normal,
podría decirse, cuasi obligatoria para
el ejercicio ciudadano. Es el único mecanismo civil para equilibrar los
desniveles sociales, respetando el Estado de derecho, en el marco de la verdad.
Dentro de la libertad, de la cual nadie puede abusar ni ser menoscabada; porque
ese es el objetivo de nuestro sistema de gobierno.
Ahora los trabajadores
pareciera que comienzan a comprender, sobre la importancia del voto y sus
consecuencias en la sociedad.
La costumbre de usar y
abusar, al obtener el poder, en las distintas instituciones a las cuales se
prometió cuidar; en sus bienes y moral, ya no resulta saludable, ni siquiera
para los aparatos clientelares, nepotistas y burocráticos actuales. Principalmente
en los entes con autonomía, como son las municipalidades, casi todas aplazadas
como ordenadoras de gastos, lo cual ha causado un perjuicio patrimonial y en la
calidad de vida de la población, en estas más de dos décadas democráticas.
La corrupción sistémica, ha
destrozado sin piedad; esperemos que la justicia llegue rápida y efectiva, en
los próximos noventa días, de modo a no seguir minando el desarrollo de nuestra
joven democracia. Superando el obscuro pasado de “orden y patria”, donde no
existía ningún respeto por los legítimos derechos laborales y humanos; ni para
campesinos y estudiantes, que junto a los pueblos originarios, en toda América
latina hoy deben comenzar a recuperar la dignidad vital, e incidencia real en
la política económica.
El Estado paraguayo debe
devolver la plata de los nativos del Chaco, sin demora, para luego repetir el
pago, a los verdaderos responsables, según el grado de incidencia en tales
desvíos.
De acuerdo con la última aventura
contrabandística, queda demostrado
que el precio del azúcar debe bajar, si hay verdadera investigación y
preocupación del gobierno, para con el bienestar nacional. Lo mismo ocurrirá
con el pasaje. Son las reivindicaciones mínimas para bajar el elemento ignorancia,
que ocasiona la obscuridad en la satisfacción de las necesidades públicas.
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