Toda acción de protesta o
medida de fuerza, adoptada por el pueblo o parte de él, se constituye en el
arma mortal contra todas las dictaduras. Algunas de ellas con fachada
democrática, para mantenerse en el mundo actual; y otras, para asegurar la
vigencia de la corrupción sistémica, como un régimen económico de facto.
Según la TGC, si no existe
democracia de verdad, fácilmente se practica la ignorancia en política, lo que
termina siempre en injusticia.
América
latina está acostumbrada a este sistema: del doble discurso y del ñembotavy (hacerse el desentendido), para
con los ciudadanos. Amparándose en la estructura del poder y ni que decir, a
nivel de gobiernos, para medrar e impedir el desarrollo de los países vecinos
menos favorecidos. En nuestro caso, permitido por la inacción de nuestros
políticos a favor de la gente.
Paraguay está comenzando a
interpretar su Constitución, social y humanista hasta por los poros. Una Carta
Magna que exige responsabilidad de todos, siendo la reciente medida de presión
o huelga general, un fiel reflejo y testimonio a nivel internacional, de la
voluntad absoluta de vivir en libertad, con claridad y virtud en el Paraguay.
En el marco de un Estado de derecho sin excluidos, tratando siempre de
disminuir la corrupción sistemática que se ha enquistado en el país.
Las dictaduras no solo se
configuran en los gobiernos de un Estado; también se las ejerce y practica, en
toda organización social: sindicatos, cooperativas y asociaciones,
aparentemente sin fines de lucro, pero que tienen un alto valor estratégico las
familias privilegiadas de los partidos políticos y los clanes empresariales, a
la hora del voto popular.
Estas tiranías de segundo
orden, ocurren por la falta de renovación de las directivas, ya sea por
carencia de civismo, interés o motivación de los asociados. O tal vez, por la
mentalidad originaria de enseñar y fomentar el “claquismo”, a favor de un
gobierno, de modo a intimidar, a través de medidas de fuerza, el surgimiento de
nuevos movimientos verdaderamente políticos.
Incluso hay casos en que la
misma ley o los estatutos de una entidad, prohíben determinados actos, pero
siempre rige el acomodo de la normativa, en la interpretación, normalmente,
para conseguir la continuidad en los cargos del mismo grupillo de expoliadores.
Aquí también se demuestra, en
la realidad, lo que es la corrupción sistémica; la cual deja al pueblo desprotegido,
por una medida de fuerza, que por su carácter soso y de discontinuidad, se
presume es solo con el propósito de quitar tajada del gobierno, a favor de
cierta cantidad de líderes u organizadores.
Porque no puede entenderse que
la representación sindical en el Consejo del IPS, hasta hoy, prácticamente ni
siquiera se pronuncie sobre los abusos que a diario, se cometen contra los
asegurados, trabajadores aportantes.
No se entiende que los líderes
sindicales sean al mismo tiempo dueños de empresas de transporte deficitarias;
que manejen cooperativas, financieras y cadenas de usura, con el dinero de sus
propios afiliados.
La práctica del mejor vivir, es
cierto, también se logra con la manifestación pacífica. Ahora solo resta que
los dirigentes sociales, tengan continuidad en medidas de presión similares así
como otro tipo de acciones de seguimiento y control; para no caer en la clásica
costumbre del acomodo personal y familiar, desechando la lucha por la
reivindicación de los derechos laborales, de cientos de miles de trabajadores.
Para no seguir cayendo en la simple protesta, para mantener, la ignorancia en
la ocultación.
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