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Sobre la corrupción y la igualdad ante la ley

Me decía un poblador del Bañado: “No hay nada más confortante que la igualdad ante la Ley. Eso le da vida a la democracia, pero aquí, no existe”.

Creo que estás apresurándote—le dije—al afirmar tal concepto sobre el país.

— ¡Claro! En la Constitución dice…pero, los parlamentarios y otras autoridades no van presos, si cometen corrupción en sus funciones. Incluso terminan cambiando a su gusto, a los fiscales.


Según la TGC, si el poder no respeta el Estado de derecho, habrá ignorancia en la ocultación; lo cual deriva en injusticia material.

Esta democracia representativa, en libertad de acción y pensamiento, permite a la población comprender y apreciar, con claridad, libertad y virtud, todos los procedimientos encadenados a la corrupción sistémica; en cada uno de los poderes.

La capacidad comparativa adquirida por el pueblo, se realiza todavía por medio de la percepción, es cierto, antes que por el respeto de un procedimiento legal pre-establecido, hasta en los postulados constitucionales.

Es fácil cuestionar y pedir, porque ahora la democracia exige a todos los ciudadanos, participación, a fin de mantener la vigencia de estos principios, para todos por igual: Mandatarios y ciudadanos comunes.

De lo contrario, aparecen el vicio y la ignorancia, que equivale a injusticia sistematizada, que favorece a ciertas claques, clanes o poderes fácticos de la sociedad.


La generalidad de la población no entiende y afirma, que no están en vigencia ciertos derechos fundamentales en el país.

La corrupción sistémica, es la que ha generado esta media verdad, en la percepción de la gente. Por el tratamiento diferencial, dispensado a los parlamentarios que afrontan procesos por presuntos, hechos, actos y prácticas de corrupción.

Esta desigualdad, en cuanto a la aplicación de la normatividad, se acentúa al comprobar que la interpretación, fácilmente se vuelve en contra de los denunciantes; o sobre aquellos que pretenden cumplir bien con sus funciones como empleado público.


Es como si existieran dos tipos de procesos judiciales paralelos, uno para la gente común; otro para los representantes electos y funcionarios de alto rango. Si se pretende con sinceridad, disminuir la corrupción sistémica, estos procesos deben ser unificados.

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