Nuestra Constitución, que establece un Estado
social de derecho, resalta los intereses colectivos, en busca del bien común; esto
es, poner al conjunto de la
Administración del país, en pos del bienestar de todo el
pueblo. Ya sea previniendo o solucionando los problemas de la vida diaria.
Si las instituciones y sus encargados cumplen
con su misión, cuidando y protegiendo a los habitantes, de la corrupción
sistémica: La gente comienza a valorar la labor de sus Ministros.
Por supuesto, no se está haciendo otra cosa, más
que cumplir con la ciudadanía, a fin de prevenir daños en perjuicio de la
colectividad; como encargados de la cosa pública.
La acertada publicidad de los efectos nocivos,
que causan los medicamentos que contienen “dextrometorfano”
como componente, confirma el interés del poder público, y legitima la inmediata
solicitud de sumarios, a fin de determinar a los que fueron responsables del
control y admisión de estos fármacos, para su ingestión en el mercado local.
Para bien del pueblo, que es el que finalmente
paga sus salarios, es hora que se llegue a la claridad sobre éstos inminentes,
hechos y actos de corrupción. Justamente, la Constitución , para
tratar de disminuirla, por su elevada absorción en los poderes públicos, busca
evitar la ignorancia interpretativa, que se ha venido utilizando en este tipo
de procesos e investigaciones, para hacer pasar “gato por liebre”. Lo cual, en
la función pública, es inadmisible, según la TGC ; mucho más en una democracia, en el marco de
un Estado de derecho con libertad.
Esta realidad es un buen ejemplo, para los
demás poderes, ante un gobierno preocupado en combatir la corrupción sistémica;
flagelo que causa estragos en la economía y las finanzas públicas, además de
los perjuicios morales y civiles para el país y la sociedad.
Debe ser combatida con precisión, por los
encargados de las instituciones, de modo a proteger los intereses colectivos en
busca del bien común; siempre, respetando los principios constitucionales, tan
manoseados, por algunos, que se dicen representantes o funcionarios públicos.
Esto socava las bases de una buena democracia.