Es bueno recordar que los servicios básicos en
nuestro país, están en manos de la administración del Estado; que tiene una
doble carga: Por un lado luchar contra la corrupción sistémica y por otro,
tratar de sobrevivir como empresas deficitarias, al servicio de unos pocos, que
viven de ellas y ganan salarios de primer mundo.
La gran mayoría paga la consecuencia de esta
economía, que ni es social ni liberal, un caldo de cultivo perfecto para
amparar a la gran corrupción, en nombre de los servicios básicos de la
población. Esto es así en la capital y alrededores; copiado y empeorado en
todos los departamentos y ciudades de la República.
Si le sumamos a esto, el compromiso
constitucional, con los pueblos originarios: nunca se ha cumplido; siempre se
les jodió y explotó; quitándoles su
hábitat, con atropellos que luego se convierte en tierras de pastoreo.
Son atentados contra los principios
constitucionales, a través de las instituciones encargadas, de prestar los
servicios básicos para la ciudadanía, que hoy se piensa aumentar
desproporcionadamente su costo, en el transporte público, sobre los hombros de
la población trabajadora, sin pensar dos veces. Sin miramiento para con los
trabajadores, que viven y luchan, en toda la República , privados de
su capacidad de votar con libertad, atados a la propaganda oficial y privada;
imposibilitados de hacer cumplir la Constitución
Nacional
Es muy fácil apuntar un inventario de los
perjuicios causados, en cada institución, sin sanción a los responsables, o
simular un proceso que por el transcurso del tiempo, termine en el opareí. Al final el rating de la prensa sube, con estos hechos y la corrupción
sistémica que los ampara, no disminuye.