El equivalente, a más de un cuarto de la deuda
pública nacional, prácticamente se ha esfumado de las arcas del Estado. La
denuncia, fue oficializada por el gobierno actual. En su mayor parte, pueden
ser configurados como actos, hechos y prácticas de corrupción, en el marco del
sistema estatal del país.
Seiscientos millones de dólares, gastados, sin
justificar; con las referencias de quienes son los responsables.
Ahora comienza la tarea de la administración
de justicia, a fin de conseguir la devolución. Es la promesa de buen actuar,
siempre presente en el sufrido pueblo paraguayo.
Según la TGC , si los encargados no atan los cabos,
objetivamente, de arriba para abajo, terminará el período presidencial sin
novedad; en la recuperación y sanción de estas prácticas hechos y actos, que se
configuran en todo un sistema de corrupción.
La auditoría ha terminado, tenemos números,
oficinas y responsables; solo falta quien haga cumplir la ley, para cada caso
en particular.
Para nuestro marco constitucional, resulta
claro, en virtud del artículo 106, la responsabilidad personal de los
involucrados.
Estos millones de dólares perdidos, son de la
gente más humilde: en salud, educación, tierra, seguridad, infraestructura de
interés social, tan necesario.
A esto se debe sumar, la auditoría
internacional; a fin de determinar y conocer, a cuanto llegó el perjuicio
económico, por corrupción, entre dos gobiernos pasados. Y si a éstos le sumamos
los que los antecedieron: ¿cuántos nuevos archimillonarios tenemos, en poco
tiempo en el país, a nombre de la politiquería nacional?
Mientras, está comenzando la suba de
combustible; amenaza de suba de pasaje, aumento generalizado de los precios de
los productos de primera necesidad. Apresamiento a mansalva de campesinos, por
su oposición a los agrotóxicos y la contaminación de los cauces hídricos, en
todo el país; por la deforestación y falta de higiene.
En síntesis: la ignorancia y la corrupción se
está demostrando, ¿será tal vez éste el nuevo rumbo?