Hasta hoy, cuesta a muchos comprender: Que las
instituciones no tienen ninguna responsabilidad en la corrupción sistémica. La
tienen sus funcionarios públicos, según su grado de participación en el
sistema, dentro de una estructura de poder.
Según la TGC , la responsabilidad, debe ser investigada de
arriba para abajo; no como actualmente se investiga, de abajo para arriba.
Imputándose toda la culpa y responsabilidad, a los ejecutores, sin ser
molestados los verdaderos autores.
Siguiendo esta realidad, de los hechos, actos
y prácticas en las municipalidades: sus funcionarios saben, perfectamente, que
llegado a una edad, no se puede alegar ignorancia de la ley.
No se dimensiona la gran responsabilidad que
tienen, esos servidores públicos, de asistir a las personas carenciadas. Darles
auxilio. Más aún, si se trata de una institución encargada para el efecto.
En un caso específico, recientemente una
anciana fue apercibida por el Ministerio de Hacienda, a que devuelva lo que cobró,
indebidamente, en concepto de pensión. Esto, en razón de que es de nacionalidad
argentina, y la ley exige que sea paraguaya natural.
¿Y los directores y otros funcionarios
públicos, qué estaban encargados de supervisar la cédula de identidad de la beneficiaria?
Ellos son los primeros que deberían ser
penalizados, según el artículo 106 de la Constitución
Nacional
No puede cargarse sobre una insolvente anciana,
octogenaria, toda la responsabilidad, por la falta de control, comunicación
efectiva y oportuna de las leyes vigentes de la República.
La corrupción sistémica, siempre se presenta
en la oscuridad de la estructura del poder. Simulando un acto, hecho o práctica
legal.
Pese a todo, algunos funcionarios, siguen
alegando el principio de “buena fe”, en su defensa; a la hora de justificar su
manejo displicente, en las instituciones públicas.
Éstas han decaído mucho, en su servicio a la
ciudadanía, por la falta de civismo de los responsables y la fragilidad, en las
soluciones dadas por los encargados de administrarlas.
Si los Ministerios y otras instituciones, con
sus funcionarios y directores, no se molestan en aplicar correctamente el
Estado de derecho, en esta democracia con libertad de acción y pensamiento,
todos serán responsables de permitir el aumento de la corrupción en el país.