Paraguay, tal vez, sea la prueba más fácil para entender, que de la higiene depende la salud, de toda la población de un país. Lo importante para todos, es comprender, cómo la corrupción sistémica utiliza, a la población, explotando la ignorancia, para degradar el medio ambiente: contaminando cursos de agua; envenenando a través de sembradíos, de soja y arroz, a las poblaciones colindantes.
La justicia jamás ve ni exige a los responsables, a favor de la higiene de la población. Por eso, sin la corrupción sistémica, nunca se podría haber permitido, por ejemplo, instalar un puerto granelero, a quinientos metros aguas arriba de la principal toma de agua: que se distribuye a los habitantes de Asunción y toda el área metropolitana. Estableciendo el irreparable riesgo permanente, de intoxicar, en menos de una hora, a más de un millón quinientas mil personas.
No se han respetado las recomendaciones internacionales, sobre la seguridad en la provisión de agua. Normas expresas, contenidas en convenios y acuerdos internacionales, aprobados y ratificados por nuestro país, como las que emergen de la Organización Mundial de la Salud.
Según la TGC, para llegar al desarrollo debemos diminuir la gran corrupción; haciendo cumplir la ley a todos por igual.
Esto se torna casi imposible, por el "juego legal" de tener dos tipos de funcionarios públicos: los electos y los nombrados. Los primeros excluidos de la ley 1626/00 y los segundos, que deben cargar con la responsabilidad directa, por todas las decisiones que pudieran tomar, en el ejercicio de sus temporales cargos, los legisladores, magistrados, directores de entes, ministros y presidente.
Por causa de esta desigualdad, algunos legisladores han llegado, osadamente, a afirmar que: "No confían en la justicia paraguaya".
Un contrasentido, tan grande, para una democracia participativa y constitucional, comprendida por la generalidad. Se olvidan que fue un organismo jurisdiccional (TSJE) el que los proclamó como representantes electos del pueblo, y, que ellos mismos, han hecho un juramento, al asumir su banca, de respetar y hacer respetar el orden jurídico de la República.
La gente hoy está pidiendo a gritos, el fin de esta desigualdad ante la ley, que está dividiendo y restando dignidad al pueblo paraguayo.
Es de esperar que los pares, en los cuerpos colegiados, dejen de apañar a sus miembros, involucrados directamente en hechos de corrupción, para que podamos seguir creciendo como país democrático.
Si nuestros propios representantes, no son capaces de cumplir la ley, ante una realidad política exigente y veraz, lo único que demostrarán, es su consabida falta de interés, en disminuir la corrupción sistémica que está destruyendo la civilidad en el país.
La justicia jamás ve ni exige a los responsables, a favor de la higiene de la población. Por eso, sin la corrupción sistémica, nunca se podría haber permitido, por ejemplo, instalar un puerto granelero, a quinientos metros aguas arriba de la principal toma de agua: que se distribuye a los habitantes de Asunción y toda el área metropolitana. Estableciendo el irreparable riesgo permanente, de intoxicar, en menos de una hora, a más de un millón quinientas mil personas.
No se han respetado las recomendaciones internacionales, sobre la seguridad en la provisión de agua. Normas expresas, contenidas en convenios y acuerdos internacionales, aprobados y ratificados por nuestro país, como las que emergen de la Organización Mundial de la Salud.
Según la TGC, para llegar al desarrollo debemos diminuir la gran corrupción; haciendo cumplir la ley a todos por igual.
Esto se torna casi imposible, por el "juego legal" de tener dos tipos de funcionarios públicos: los electos y los nombrados. Los primeros excluidos de la ley 1626/00 y los segundos, que deben cargar con la responsabilidad directa, por todas las decisiones que pudieran tomar, en el ejercicio de sus temporales cargos, los legisladores, magistrados, directores de entes, ministros y presidente.
Por causa de esta desigualdad, algunos legisladores han llegado, osadamente, a afirmar que: "No confían en la justicia paraguaya".
Un contrasentido, tan grande, para una democracia participativa y constitucional, comprendida por la generalidad. Se olvidan que fue un organismo jurisdiccional (TSJE) el que los proclamó como representantes electos del pueblo, y, que ellos mismos, han hecho un juramento, al asumir su banca, de respetar y hacer respetar el orden jurídico de la República.
La gente hoy está pidiendo a gritos, el fin de esta desigualdad ante la ley, que está dividiendo y restando dignidad al pueblo paraguayo.
Es de esperar que los pares, en los cuerpos colegiados, dejen de apañar a sus miembros, involucrados directamente en hechos de corrupción, para que podamos seguir creciendo como país democrático.
Si nuestros propios representantes, no son capaces de cumplir la ley, ante una realidad política exigente y veraz, lo único que demostrarán, es su consabida falta de interés, en disminuir la corrupción sistémica que está destruyendo la civilidad en el país.