El
Paraguay está considerado como “el más corrupto de Latinoamérica”, con razón, o,
tal vez, movido por algunos intereses económicos. Un país, al cual, por medio
de ese mote, se le puede ir quitando réditos y beneficios, a favor de los que
manejan la corrupción sistémica global. Y de rebote, algunos que otros beneficios adicionales para
sus consultores, amigos y familiares en el país, por medio de las instituciones
del Estado.
Un
ejemplo claro, de esa “unión público-privada-familiar”, es el IPS (Instituto de
Previsión Social). Entidad donde existe una participación del Estado, por una
parte, y en mayor medida, el capital, es obtenido casi íntegramente del aporte
de los particulares, patrones, obreros y empleados en toda la República. Los mismos
fueron, prácticamente obligados, al pago
compulsivo mensual.
El objetivo del ente, en sus inicios, fue el de establecer un seguro obligatorio, a fin de mejorar la salud y seguridad social de los trabajadores y las familias del Paraguay.
Hoy, gracias a la presión ciudadana, nos damos cuenta de la total desfachatez, en el manejo del seguro social en el país. Tanto lo relativo al cuidado y la atención, efectiva y en tiempo, de la salud de los asegurados. Así como el abuso de derecho, cometido día a día, en la forma de conteo del aporte jubilatorio de los trabajadores; tratándolos como jornaleros, a empleados con sueldo fijo de liquidación mensual.
La presión ciudadana, convertida en hábito, sin una evolución constante, en los valores de las manifestaciones; puede ser utilizada, por los actores económico.-fácticos, para mantener mejor la corrupción sistémica, sin importar la institución ni las personas que responderán, a la hora de elegir.
Se
habla mucho; ya se aceptó, la alianza entre Estado y particulares: Entonces,
¿Acaso el IPS no constituye una fusión público-privada? ¿Y dónde está el
servicio y mantenimiento a favor de sus aportantes?
He conocido gente que jamás utilizó el servicio de asistencia médica del IPS; pero la única vez que lo hicieron, como se imaginaran, fue para ir a dar sus quejas a “San Pedro”, y salir vestidos con un traje negro.
Muchos me dicen, ¿y, los sindicatos no se ocupan de eso ante el Estado, como miembros del “Consejo de Administración”?
Cuando la corrupción se utiliza, nadie se preocupa de pedir ni mencionar el perjuicio. Eso ocurre con los sindicatos: Todos sacan pequeños beneficios y se callan. No tratan de buscar la devolución justa, de los aportes jubilatorios de los asegurados. Mientras, los funcionarios del Instituto creen que el Estado no es de nadie.
Es allí cuando el IPS, pasa a convertirse en un “hongo de agua dulce”. Que acumula mucha agua, pero de la cual nadie puede servirse, salvo para intoxicarse. Una entidad sin utilidad directa, en cuanto a la atención rápida de la salud, para los que la mantienen, con un “aporte obligatorio”, impuesto por el Estado.
Se olvidan los administradores de turno, tal vez, que vivimos en un Estado Social de Derecho Constitucional; con fuerte énfasis en los derechos humanos universales. Donde no tendría que haber necesidad primaria, que no sea cubierta, primero para los asegurados, y con el tiempo, para el resto de la población.
Legalmente, debería sobrar para mantener más de un hospital central de alta complejidad, en cada uno de los departamentos principales de la República. Favoreciendo, en centros especializados, incluso, a los indigentes, no asegurados a la previsional.
Esperamos
que la presión ciudadana, pueda llevar a la comprensión masiva, de que la ignorancia y
la corrupción, están destruyendo la democracia participativa, con la devaluación
progresiva de entes público- privados,
de interés social, que tanto ha costado construir a los ciudadanos del
Paraguay.