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Corrupción y presión ilegal

La administración de justicia de un país, no puede alegar presión ilegal, por parte de ciertos funcionarios públicos, con el fin de liberar un cargamento de rollos, incautados en procedimiento, que dejó al descubierto la flagrante comisión de un delito ambiental.

La acción de un intendente municipal, acompañado de una turba, con la intención de liberar el cargamento de la fiscalía, constituye una clara obstrucción a la justicia. En un caso, donde hubo una evidente tala indiscriminada de bosques.


Los encargados del orden, tanto los que presionaron como autoridades comunitarias; así como los que cedieron a la coacción, han caído en corrupción sistémica; al caer, bajo la presión de los intereses creados, solapados con un supuesto fin social.

Según lo venimos demostrando en la TGC, si los encargados de dirigir las instituciones, en un Estado de derecho, no cumplen lo dispuesto constitucionalmente, deben responder según los establecido en el artículo 106 de la Carta Magna.

Cuando un funcionario público, acepta, tolera y participa en la corrupción sistémica, es de suma gravedad para nuestra democracia. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, ocurridos en la Cámara de senadores.

Si utilizando la fuerza, unido a una turba irascible, se despoja al propio Ministerio Público, del cuerpo mismo del delito, en un hecho punible contra el ambiente; qué será si ese mismo proceder se repite, con el beneplácito de una autoridad y la agresividad de una tromba humana, por ejemplo, para liberar a un asesino a sueldo, medianamente “popular”.

La presión ilegal que se está denunciando, a todas luces, sobre el manejo de algunos centros hospitalarios, en cuanto al abuso de poder y adueñamiento de los puestos públicos, da calambre; en nombre del deseo del gobierno de bajar la corrupción sistémica, de boca para fuera; pero, las instituciones están más infestadas que árbol con termitas, en todo el país.

Siguen proliferando como hongos las farmacias “amigas”, cercanas a los hospitales públicos, con el fin específico de recaudar, a costa de los más necesitados.


Siempre hay motivos, al parecer, para justificar los daños o perjuicios causados en los servicios de primera necesidad; por que es lo que genera, ganancias inmediatas a los amigos, parientes y correligionarios, dentro de la democracia participativa y bipolar del país; hacia el nuevo rumbo, con ignorancia y corrupción al día en la República.

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