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El Poder Judicial y la Corrupción

“Dar a cada uno lo suyo”

Esta debe ser la definición clásica más exacta para determinar los objetivos del Poder Judicial.

Poder único capaz de proteger y sanear la sociedad civilizada…En la eventualidad, por supuesto, de que sus miembros y representantes fuesen capaces de aplicar, cumplir y hacer cumplir las leyes para el bien del pueblo en general.


La ignorancia y la corrupción han tornado muy difícil cumplir con esa magna misión de justicia. En el mundo entero. El problema es global.

El Poder Judicial tiene cada día más responsabilidades, y la necesidad de administrar justicia en los más diversos ámbitos de la estructura social y económica que va en un irretroactivo crecimiento.

Crecen, así mismo las posibilidades de que sus miembros caigan en el pantano de la corrupción.

Existe el riesgo a diario de que acomoden la ley a intereses particulares, en vez de aplicarla.

La ignorancia, el prevaricato y las lagunas de la Ley constituyen una dolorosa realidad.

También constituye un hecho vivo, la existencia del retardo de justicia, en aquellas cuestiones donde se exige una interpretación y aplicación de la ley a la realidad de la vida diaria, de modo a dar soluciones rápidas y menos onerosas para los litigantes. Pero al parecer, esto no convendría mucho a la actividad forense.

Los representantes de este poder se excusan del retardo y la inacción, con la manida frase de “nuestro ordenamiento jurídico positivo necesita de unas reformas, cambios y modernizaciones…”.

Olvidan que para la buena administración de Justicia sólo se necesita de un poco de lógica y un inequívoco sistema de equidad.

Sin embargo, en la realidad jurídica nacional éste ideal cae en saco roto cuando no se cuenta con una Corte e independiente de los dos poderes restantes.

Sin ella no se podrá castigar a corruptos ni corruptores,  cómplices, instigadores y encubridores.

Este Poder no ha logrado hasta hoy dar soluciones a la ciudadanía necesitada de una justicia confiable.

Los capitalistas extranjeros esperan aún la afirmación de una justicia imparcial que garantice las inversiones.

Vemos con estupor, cómo nuestro Palacio de Justicia va adquiriendo el aspecto de una verdadera “casa de tolerancia”, y no el de un recinto en el cual se debe velar por el respeto del ordenamiento jurídico de un país.

La Corte suprema ha venido prometiendo mucho en ésta larga etapa de transición; sin embargo, hasta hoy, no se ha mostrado capaz de tomar la iniciativa y trabajar con seriedad contra la ignorancia y la corrupción.

Sus responsables  han venido formulando frecuentes declaraciones en las que reconocen la existencia de estos males, pero sin ser capaces de adoptar una posición firme.
Una actitud pasiva ante esta cuestión tan delicada, de parte del organismo rector de la justicia, es equivalente a la complicidad. Aún, cuando sus integrantes, personalmente no tuvieren el propósito de apañar al sistema corrupto.

Así, quizás sin quererlo, lo único que hacen los representantes de este importante Poder del Estado, es confirmar al pueblo, lo que éste ya conoce a la perfección en la práctica diaria a través de los gestores o funcionarios judiciales.

Obviamente, el desprestigio, será para los profesionales abogados.

Los corruptos y corruptores, con la poderosa arma de los ignorantes, logran pingües ganancias y, al mimo tiempo, conservan “políticamente”, los cargos que ejercen en la Administración de Justicia.

A nadie escapa la dificultad existente para probar en juicio una maniobra corrupta. Pero queda claro que se develaría más de una denuncia, si la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General de la República, el Tribunal de Cuentas, 2ª sala, y eventualmente, el Defensor del Pueblo cumpliesen a cabalidad con las funciones que la Constitución y las Leyes les confieren.

Hoy día, ya nadie quiere denunciar. Porque puede pasar de denunciante a demandado.

Las denuncias en la fiscalía, son en muchos casos, sencillamente cajoneadas, y no pasan de la mesa de entrada, luego de darse previo aviso a los posibles implicados.

Los informes de la Contraloría, elevados a la Procuraduría, no pasan del acuse de recibo interinstitucional.

En muchos casos los nombramientos de fiscales e interventores tiene muchas “razones o influencias políticas” por lo cual, para el poder judicial, los imputados seguirán siendo sólo los analfabetos y “puntas del ovillo”. Porque si se hurga más en el caso, se podría llegar a implicar inclusive a sus mentores políticos que los han puesto en el cargo…y así no funciona el sistema.

En síntesis, la tarea rectificadora del Poder Judicial deberá iniciarse con la eliminación del nepotismo.

Así, deberá reducirse, gradualmente el número de parientes, luego el de allegados y amigos personales, hasta lograr un sistema transparente de nombramientos en base a la capacidad de los postulantes.

La depuración deberá hacerse desde los Ministros de la Corte, hasta el último ordenanza dependiente de algún miembro del Poder. A todos por igual, sin distinción de jerarquía, edad, ni sexo.

Entonces, tal vez comenzaremos a percibir cierto aire de justicia en medio de tan enrarecido ambiente.

Pero, para comprender mejor la realidad analicemos antes, las probables causas que recayeron en el actual y calamitoso estado de cosas, en manos del imperio de la ignorancia y la corrupción.

(Extraído del libro “La ignorancia y la corrupción”. Tres ediciones 1999, 2000 y 2008.)




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