Como ciudadano me interesa, me decía un
parroquiano, primero “que se cumplan con los servicios públicos. Sin mentir”.
Es preciso indicar; que la corrupción es la que
impide, que las instituciones creadas puedan cumplir a cabalidad con los
servicios públicos al contribuyente; generalmente sus presupuestos desaparecen,
como por arte de magia, y, mientras, los ciudadanos claman mejores servicios y
menos corrupción.
En los países subdesarrollados, se promete
mucho durante la campaña proselitista pero luego no cumplen; ya sea por
negligencia o por beneficios de la escala política que administra el poder.
Los servicios públicos tales como: la salud, la
educación, la seguridad, el agua potable y las comunicaciones; son un barril
sin fondo para obtener dinero rápido, siempre y cuando sigan las directrices de
la “gran corrupción”. Esta corrupción
sistémica, a la cual, no le interesa la institución en la que actúa, si
cumple con los objetivos como tal; esto es así en todo el mundo, no solo aquí.
En los últimos años, se ha acostumbrado
utilizar a los más necesitados, prometiendo que todo debe ser gratis, y “que
desaparecerán la pobreza y los pobres” del país. Tamaña mentira el decir que el
bienestar llega sin sacrificio; solo puede ser creído por personas sin
formación, en boca de profesionales politiqueros.
La salud: servicio
público social
Recientemente, hemos escuchado decir por parte
de secretarios del Ejecutivo, que se necesitan nuevas leyes que “castiguen” a
los accidentados en tránsito terrestre, especialmente motociclistas
irresponsables que han conducido ebrios, a pagar todas las atenciones que les
presta el sistema nacional de salud.
Sobre el particular, según la TGC y observando de que
tenemos una Constitución social que prevé la atención a la salud como un
derecho básico y gratuito, no vemos necesaria la implementación de nuevas
leyes, sino más bien obligar, a los encargados de la salud, conjuntamente con
los agentes del ministerio público; a que se investiguen las características de
cada caso, y, de acuerdo a eso, exigir a los afectados la responsabilidad que
el derecho ya les tiene asignada hoy en la legislación
civil. Las instituciones encargadas del vital servicio público; de la salud;
deben acompañar los procesos penales que se siguen en los accidentes, así como
los de indemnización por daños, para, de esa forma, en caso de darse medidas alternativas,
multas u otro tipo de sanciones, se priorice la retribución, en cualquier
forma, a las instituciones que trataron a los afectados en el accidente,
víctimas y victimarios.
Sin ese control y seguimiento, el tráfico de
medicamentos y farmacias “amigas” seguirá siendo una constante excusa para
prestar un servicio deficitario, y no existe ley que pueda contra la corrupción
sistémica: Empotrada en cada uno de los centros de atención a la salud.