Aquí en Paraguay, como dice el tango, rige la
“Regla del Cambalache”. Tal vez Discépolo, como respetable compositor, conocía
tanto a Latino América que la inmortalizó poniendo música a la “gran corrupción”.
El “tango” en el país se ve, especialmente, en
las concesiones del Estado a favor de grupos empresariales, particulares y
afines.
Ni una sola concesión fue hecha a favor del
pueblo. Los ciudadanos no cuentan como beneficiarios. El objetivo lato y neto
siempre es y fue el lucro a costa de la inversión y el capital del Estado. Así
se han forjado, ya a partir del Régimen anterior, los “grandes” empresarios
subvencionados hasta hoy por el “papá” Estado.
Se concesionan desde el espacio radioeléctrico
hasta los minerales del subsuelo; pasando por rutas y puertos, cuya vida útil
coincide con el período de concesión, que suele superar los 20 años y llega
incluso a los 40. Las aguas de los ríos navegables, nuestra mayor riqueza,
están empeñadas en puertos o hidroeléctricas. En muchos casos, la instalación
de puertos pone en peligro la misma provisión del vital líquido, por el alto
nivel contaminante de las instalaciones.
La alianza
“público-privada”
Lo que se ha presentado siempre es el sobre
costo y el exceso en años de usufructo por parte de los concesionarios; en fin,
ningún negocio jurídico conocido, bajo la figura de la concesión se ha salvado
de la corrupción.
Tenemos una Constitución Social, un Estado de
Derecho en democracia, que los encargados del poder, muchas veces se “olvidan”
de hacer cumplir, deshonrando la confianza depositada por sus votantes.
Debemos empezar a tener en cuenta un principio
básico: Ningún miembro o ex integrante
de algún poder del Estado puede ser accionista, beneficiario o parte de alguna
concesión estatal; se trata de un conflicto de intereses que deriva
inexorablemente en corrupción sistémica o intralegal.
Es penoso ver como las concesiones tan
sensibles para la población como son el transporte público, las
telecomunicaciones o los juegos de azar se reparten y comparten entre
asesores-legisladores-administradores o dueños directos, que encima, quieren
venir a dar “recomendaciones y consejos políticos”.
El deseo de los nuevos gobernantes nos obliga a
recordarles que la TGC ,
nos clarifica meridianamente de que la corrupción solo se puede disminuir
enseñando a la gente y haciéndole comprender que el poder debe mejorar a favor
de todos, buscando en primer lugar el “bien común”. Vivir en democracia, dentro
de un Estado de Derecho, respetando la ecología, en armonía con los derechos
humanos fundamentales de tercera generación.
Dejemos de “concesionar” todo cuanto hay para
el usufructo indefinido y el subdesarrollo eterno; empecemos a cuidar de
nuestra mayor riqueza.
El árbol de una plaza vale más que cien
estacionamientos; una gota de agua dulce puede salvar vidas, una concesión mal
hecha, las arruina.
Comencemos el Paraguay de la curación social.
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