A quienes se los nombra encargados de buscar
interpretar en un Estado de Derecho, se les permite manejar la cuestión más
difícil y comprometida de la democracia; para evitar caer en la corrupción
sistémica. Ésta que no le pide, lógicamente, favores, ya que invariablemente se
ha instalado antes de sus propios nombramientos, dentro del sistema de poder.
Al no tener conocimientos ciertos sobre esta realidad (TGC) su voluntad dicha y
afirmada antes de tomar el cargo, en el sentido de que combatirá a la corrupción: termina cayendo en saco roto, a partir de su propio ingreso en la estructura del
sistema.
Por si haya dudas de esta afirmación solo es cuestión de consultar noticias pasadas o recientes; sobre autoridades que han prometido “corrupción cero”, pero que al poco tiempo se constituyen en aliados insuperables de la misma. Y las promesas, bien gracias.
Estos encargados de la interpretación, solo participan de la gran corrupción (intra-ley) a través de sus decisiones: ante los ciudadanos y generalmente en la función pública; pasto verde para la sistematización, a través de todo tipo de negocios jurídicos; en perjuicio del erario público, que afectan a particulares, a la sociedad o al mismo Estado en su totalidad.
La facilidad que tienen estas personas mediante su cargo, para colocar y exigir un derecho, los vuelve finalmente intocables y útiles al sistema de la corrupción.
Algunos de ellos incluso crearán organismos anti-corrupción como una carga más sobre el flaco presupuesto público, creyendo o fingiendo que la gran corrupción se puede combatir con la mera subjetividad.
Olvidan así, olímpicamente, su promesa y nuestro encargo dado como ciudadanos; para que nos represente ante los poderes del Estado.
En un Estado de derecho, respetuoso de la democracia, debe exigir el propio pueblo a éstos “intérpretes” el cumplimiento irrestricto de los artículos y principios consagrados enla Constitución
Nacionalla
República, que nos cobija como nación.
Por si haya dudas de esta afirmación solo es cuestión de consultar noticias pasadas o recientes; sobre autoridades que han prometido “corrupción cero”, pero que al poco tiempo se constituyen en aliados insuperables de la misma. Y las promesas, bien gracias.
Estos encargados de la interpretación, solo participan de la gran corrupción (intra-ley) a través de sus decisiones: ante los ciudadanos y generalmente en la función pública; pasto verde para la sistematización, a través de todo tipo de negocios jurídicos; en perjuicio del erario público, que afectan a particulares, a la sociedad o al mismo Estado en su totalidad.
La facilidad que tienen estas personas mediante su cargo, para colocar y exigir un derecho, los vuelve finalmente intocables y útiles al sistema de la corrupción.
La prensa
He aquí la importancia de la libertad del
“cuarto poder” o de la prensa de cualquier forma, ya que se le enseña y se le
permite conocer al ciudadano, la verdad, principio insustituible en un “Estado
de Derecho” democrático, al servicio del progreso y el respeto. Es por tanto la
única defensa contra estos “intérpretes” al ser publicadas sus actuaciones
llenas de injusticia (vicio e ignorancia), equivalentes a la “gran corrupción”.
Algunos de ellos incluso crearán organismos anti-corrupción como una carga más sobre el flaco presupuesto público, creyendo o fingiendo que la gran corrupción se puede combatir con la mera subjetividad.
Olvidan así, olímpicamente, su promesa y nuestro encargo dado como ciudadanos; para que nos represente ante los poderes del Estado.
En un Estado de derecho, respetuoso de la democracia, debe exigir el propio pueblo a éstos “intérpretes” el cumplimiento irrestricto de los artículos y principios consagrados en