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Estado de Derecho y corrupción

En el país nos gusta decir “Estado de Derecho”.

Muchos me han manifestado, en mi caminar por el interior del país, hablando de política, que no se entiende el significado real de la frase.

“Es la bandera de los ganadores y la vuelta al palacio de un partido tradicional en la democracia participativa”, dicen algunos.

¡Qué momento! La realidad de un compueblano de tierra adentro: su felicidad pero sin entender la implicancia del retorno de un partido gracias a su voto.

Pero inmediatamente me dice: “¿Y la corrupción, cómo puede superarse si predomina aquí?”

Me obliga a decirle que solo en un Estado de derecho se puede disminuir la corrupción y el camino es la política a través de los elegidos democráticamente en cada rincón de la geografía nacional; siendo su franqueza para decir que no entiende, la visión de que existe libertad y voluntad pero falta doctrina; para el pueblo y sobre el “Estado de Derecho” sin corrupción.

Elecciones sistémicas

Si comenzamos a detallar lo que se ha gastado en la reciente campaña electoral, principalmente la presidencialista, vemos que se ha superado en más de tres veces lo permitido por la Constitución Nacional y la Ley particular sobre el “financiamiento político”. Lo mínimo es que las autoridades del órgano electoral sean sometidas a juicio político por su nula intervención, al permitir que se incumpla la Ley electoral.
Así mismo, los candidatos, ganando o perdiendo, deben ser investigados por los encargados (agentes fiscales), a fin de que se pueda conocer el origen de cada guaraní gastado en las “hitlerianas” campañas políticas recientes.

En eso consiste el respeto del Estado de Derecho en su aspecto fundamental como premisa democrática; parte de la elección misma de las autoridades, para acompañarlo en su asunción, gestión y sus influencias para el mejoramiento o la perniciosidad  de la política y la convivencia jurídica. Toda entra a tallar a la hora de determinar la legitimidad completa de un gobierno, no basta con el “conteo” de votos y la proclamación.

En caso de que no se haga cumplir la Ley, existiría una confabulación de poderes, una corrupción sistémica; ya que al conocer de estas irregularidades, tanto la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y, específicamente, los Fiscales electorales, están obligadas a actuar.

Donde existe Estado de Derecho debemos hacer una salvedad: Solo combatiendo la corrupción sistémica que se presenta, bajo supuesto amparo político democrático, en los entes encargados de impartir justicia, habrá verdadera libertad.

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