La
historia vieja de nuestros pueblos originarios, abarrotados por la corrupción
sistémica: hace más difícil mitigar sus males, a favor de sus derechos.
Según
la TGC, sin el poder no existe civilización; sin embargo, la ignorancia en la
ocultación de tal poder, puede causar todo tipo de injusticia. Desde la llegada
de los ‘blancos’, en muchos de los pueblos nativos, hubo y habrá mucha
corrupción sistemática, tratando de expoliar económicamente, a través de
promesas incumplidas, realizadas en la fuente de la emergencia y la necesidad. Utilizando, el derecho, en su
interpretación, para alargar el cumplimiento de sus derechos.
Existen
instituciones especializadas, para prestar servicio a las diversas
parcialidades; pero que al ‘ubicarse’ como autoridades, en vez de solucionar
los miles de problemas sociales, que los aquejan, realizan acciones de
imposición de medidas parciales, a medias y normalmente, para favorecer en
compras y licitaciones, a grupos cercanos al poder de turno. Como esperando la
revancha, de lo que vendrá al dejar sus cargos.
Hoy existen
algunos casos donde han recuperado sus tierras ancestrales, pero cuya ocupación
efectiva sigue en manos de grupos empresariales. Es la falta de medios para que
se constituyan en colonias, la principal limitante; además del abandono
posterior, cuyas consecuencias pueden verse en el mendigar en calles y oficinas,
tratando de convivir en una sociedad que se llama democrática, pero que excluye
a los ciudadanos. De manera pacífica, con paciencia, exigen el cumplimiento
congruente de la Constitución y las Leyes que los amparan.
La
usurpación del territorio, de los pueblos originarios, resulta toda una
característica de Latinoamérica; pero es hora de respetar y buscar solución
justa y equitativa. Las instituciones encargadas, deben hacer su parte. El
futuro de los derechos de ese sector y de cualquier sector excluido, está en
juego.
La
corrupción sistémica ha movido mucha plata, sobre los recursos naturales;
afectando la vida de campesinos e indígenas, que incluso, luego son arreados
para depositar sus votos por sus abusadores.
La
realidad, la libertad y la virtud,
principios inalterables de toda curación social, en un Estado de derecho, se
hacen urgentes en este caso.
La mera
solución parche, de parte de los que dirigen
las instituciones indigenistas, que se realizan para no cortar el chorro
del aporte extranjero y estatal, debe ser superado. El mejoramiento integral,
con asistencia y no más “ñembotavy”, típico de los politiqueros, es lo más
urgente. La corrupción sistémica, no debe seguir siendo la regla, a la hora del
tratamiento de este fundamental sector de nuestra sociedad.
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