Me
decía un parroquiano del Alto Paraná, “aquí sabemos nuestro mal, con nombre y
apellido; pero la corrupción sistémica nos ganó”.
Para
resaltar, según la TGC, si el poder no trata de enseñar a la población, una
política clara, jamás baja la injusticia. Sea cual sea el sistema de gobierno
vigente: Si los encargados de administrar la estructura gobernante, abandonan a
la población, el desarrollo social queda en el olvido.
A esto
bien podemos llamarlo ‘desamparo’, cuya consecuencia estamos viviendo,
actualmente, con las inundaciones de compañías enteras y ciudades.
Demostrándose la falta total de previsión, para con las poblaciones campesinas
e indígenas; pero aún, incluso en las urbanizaciones ribereñas, ubicadas en la
misma capital de la República.
La
democracia es un sistema efectivo, contra la corrupción sistémica: Si es
verdadera, y no tiene otro objetivo, más que la libertad y la virtud en aras
del bien común; respetando al Estado de derecho. La ley puede ser cumplida,
integralmente, como doctrina del derecho, cuando los administradores del
Estado, también la cumplen a cabalidad, en sus funciones. Allí recién se cierra
el círculo, de previsibilidad y seguridad jurídica, a nivel nacional. Hacia
ello apunta la curación social.
La
labor del cuarto poder, a favor de la ciudadanía, es invaluable; al informar de
manera ecuánime, sobre los hechos, actos o práctica de corrupción, dentro de
cada uno de los organismos del Estado.
Entre
ellos, un punto sensible, resulta el IPS (Seguro social), el cual está en
decadencia desenfrenada; con el contubernio, entre politiqueros y
sindicalistas. Llevando el mismo proceso del otrora “Banco de los Trabajadores”:
desaparecido, en las garras de la corrupción sistémica. Testigo de la realidad
en contra de todos los obreros y empleados del país, quienes siguen sin ser
capaces de implementar una política verdadera, para sanear una institución,
necesaria y fundamental, para los países subdesarrollados.
Esa
función a escala social, es indelegable
para el Estado; aun conociendo, la falta total de una restructuración en sus
servicios, así como el modo de apuntar las responsabilidades, en un seguro
social auténtico, respetando los legítimos derechos, humanos y laborales
vigentes para los trabajadores, que se constituyen, por el transcurso del
tiempo en derechos adquiridos inalterables.
Los
trabajadores, son los únicos y legítimos dueños de la institución y deben ser
respetados; por ende, tienen acción contra cualquiera, sea político o administrativo,
que efectúe o planeara realizar, acciones que vayan en detrimento del
cumplimiento de las obligaciones, del ente administrador, para con todos los
aportantes, trabajadores, obreros y patronal.
Esta
forma de manejar las instituciones, como caja chica de los politiqueros de
turno, lleva a los asegurados a tener que mendigar por atención, medicamentos y
tratamiento. Es la situación denominada ‘abandono o desamparo’. Tanto en lo
económico como en lo social, con el agravante de constituirse en corrupción
sistémica galopante, al haberse desviado, malversado y mal administrado bienes,
patrimonio y flujo de efectivo, descontados mes a mes, a miles de
trabajadores del Paraguay.
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