La
responsabilidad del Estado, en cualquier sistema político: cuidar de los
insumos públicos, para hacer respetar la ‘plata’ de los contribuyentes. Ante
esta realidad, los actores son responsables por los daños y perjuicios de la
corrupción sistémica, provocados durante su administración.
Según
la TGC, si el poder no cumple lo establecido constitucionalmente, su
administración es injusta. Porque todo poder envilece y es corrupto por
naturaleza, teniendo a la ignorancia en la ocultación como sustento, el estudio
objetivo de la realidad política, se hace imperioso.
La
ocultación en las estructuras gubernamentales, causa estragos en tres aspectos:
En la promulgación, en el cumplimiento y la interpretación de la ley; con el
afán de beneficiarse a sí mismos o a sus allegados; conformando así un grupo de
poder fáctico, pero con prerrogativas legales, auto asignadas; esto en razón de
que, la corrupción, deviene inconstitucional, lo cual, hace ilegítimas y nulas
tales acciones, desde la óptica estricta del derecho público. Esa correcta
interpretación, tal vez lleve tiempo de aplicarse, pero, ya se cuentan con
herramientas científicas y de filosofía del derecho, como lo son la TGC y la
doctrina, para poder ir mejorando la democracia republicana.
La
participación en nuestro sistema democrático, ha tenido avances
comprometedores; que favorecen a la ciudadanía: al tener un cuarto poder,
floreciente y capaz de ir enseñando pasivamente la verdad, principalmente en
cuanto a la utilización y administración de los insumos, que conforman el
patrimonio total del Estado. Tan manoseado hasta hoy, por el servilismo y la ignorancia,
que repercute directamente en la educación nacional: vigente pero sin
escalafón.
No es
la política, como entidad general, la responsable de esta falencia educacional;
sino los politiqueros, actores que usan a la misma para lograr sus intereses
personales. América latina está plagada de esta costumbre, de la ‘ideología de
la fuerza’; del ‘pacto social corrupto’, sin el menor respeto por la persona,
en su dignidad e individualidad.
A
diario estamos viendo los perjuicios causados, contra los insumos públicos: en
compra de computadoras, adquisición innecesaria de tecnologías, pago sin
cumplimiento. Es decir, la regla parecería, para los encargados de la
administración, la irregularidad dentro del sistema de corrupción, intacto desde hace varios gobiernos.
Hoy
están sentados, algunos que pasaron por ellos, en el banquillo de los acusados;
uno que otro, es imputado, aceptando, hasta cierto punto su responsabilidad.
Otros siguen con fueros. El dinero perdido, ¿cuándo se recuperará?
Es
cierto, tal vez somos un país conformista; cuyos habitantes, no conocemos el
potencial y la riqueza de su pueblo. Sin posibilidad de mejorar en lo más
mínimo en la educación, para poder defender los sacrosantos derechos; exigir a
los políticos y recuperar la salud pública, que solo puede ser lograda
disminuyendo la influencia de la corrupción sistémica en el uso de los bienes
públicos.
Comentarios
Publicar un comentario