Cuesta creer, a cualquier
ser humano, la adaptabilidad, en toda sociedad, de la corrupción sistémica;
cuyo resultado es recaudar en perjuicio del Estado, “en cualquier sistema
político; va adaptándose al grado cultural y social.
Según la TGC, este
principio de ciencia es universal y transversal, a muchas otras disciplinas:
motivo por el cual no es fácil disminuir el flagelo, sin estudiarlo
suficientemente.
Al comprender la necesidad
del poder y del derecho, en cualquier civilización humana, nos damos cuenta,
que ambos nacen de la corrupción; madre sempiterna, que acompaña al hombre, sin
importar tiempo ni lugar.
Por todas estas
cuestiones, fue siempre difícil combatir a este flagelo, en cualquier gobierno,
sin importar ideología, raza, religión o dogma.
La importancia de
combatirla, a través de la democracia participativa, es perentoria; con
libertad de acción y pensamiento; en el marco de un Estado de derecho
constitucional. Si los ciudadanos toman con responsabilidad su deber como
tales, exigiendo a las autoridades el buen cumplimiento del derecho público y
privado, en toda la República.
Ser funcionario público es
la máxima expresión, para cualquier ciudadano; ya sean nombrados por ley o
electos por el pueblo. Están obligados a respetar y honrar a la República. Sus actos,
hechos y prácticas, si no se realizan con una meridiana claridad y virtud; caen
en corrupción sistémica.
Desde la función pública,
nadie puede alegar desconocimiento o error. Esto en razón de la prohibición
expresa, como principio legal, de todo aquello que no esté literalmente
autorizado por la norma para su realización.
Esto concuerda con lo
establecido por el artículo 106 de la Carta Magna, según el grado de
responsabilidad en los actos y sus consecuencias, jurídicas y económicas para
el Estado.
Si en un Estado de
derecho, no se exige a los políticos y administradores de justicia, la
corrupción sistémica seguirá imperando, sin control.
Porque el trabajo de la
prensa es sencillamente informar: para saber cuánto se defrauda al erario, pero
donde los encargados, representantes legales del pueblo, quieren seguir
eludiendo sus cargas. Pese a toda la confianza y fe, que la ciudadanía ha
depositado y sigue teniendo en sus personas; en quienes confían, nada más y
nada menos, que los bienes públicos, que pertenecen a todos los paraguayos.
Comentarios
Publicar un comentario