Los cauces hídricos; ríos,
arroyos y lagos: totalmente contaminados. Pese a contar con Ministerios con
presupuesto, que deberían cuidar y enseñar todo lo referido al saneamiento
ambiental; generando, inclusive, el voluntariado, como un medio de ayuda a los
funcionarios públicos asignados.
Creemos que es la única
forma de intentar, atajar este desastre ecológico, impulsado por la corrupción
sistémica, amparada en las estructuras de poder.
Según la TGC, si los
administradores de los poderes, no hacen cumplir la ley, con equidad y ética, existe
injusticia en la población.
El parloteo callejero de
nuestros dirigentes, es común y ni que decir de nuestros representantes: rémora
de la democracia con doble discurso, del “hagan, respeten y cumplan ustedes”;
mientras, el gobierno bananero, se imbuía en la más absoluta corrupción.
A ningún mandatario le
interesó la ecología, dando nacimiento a nuestra bomba de tiempo: “Cateura”,
sobre el mismo río Paraguay, un verdadero crimen de lesa humanidad, heredado, de una
época democrática de ignorantes y ocultistas.
Debemos mencionar también
a los puertos privados, sobre nuestro río principal; habilitados, pese a
dictámenes prohibitivos del Ministerio de Ambiente, ignorando, recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud, sobre la provisión de agua potable. Lo
único que hizo falta, para obtener las habilitaciones, fue tener un ministro
que autorice; allegados al gobierno de turno y la “amistad” de algunos concejales.
A menos de un decenio de
tales habilitaciones, en perjuicio de las principales tomas de agua, en toda la
República, hoy tenemos la contaminación máxima posible: el lago Ypacaraí.
Producto de la contaminación de sus diversos arroyos afluentes, de las ciudades
aledañas, lo cual produjo la imposibilidad, de proveer de agua potable a más de
cinco departamentos del país, por el alto nivel de cianobacterias.
Hasta cuando las autoridades comunales, seguirán convirtiendo a sus municipios en basurales; olvidando que
la ley les otorga plena autonomía, justamente, para velar por la salud de sus
poblaciones; de sus ecosistemas.
A solo unos kilómetros
más, está en peligro de sufrir lo mismo, el lago Ypoa. Mientras, en las
ciudades, se siguen desviando los desagües al Lago; sin ningún tratamiento, a
la vista de los propios encargados y fiscalizadores.
La pregunta que surge es:
¿Dónde viven estos funcionarios públicos?
No son vecinos acaso, de
todos los pobladores afectados, por estos crímenes ecológicos; enmarcados como
actos, hechos y prácticas de corrupción; además de la tipificación penal como
delitos ambientales.
Ni hablemos del
tradicional atropello a las reservas de bosques y las comunidades indígenas
nativas, en todo el país; consecuencia de la corrupción sistémica directa, que
sigue predominando en la política nacional.
Comentarios
Publicar un comentario