Me decía un parroquiano del
Bañado Sur: —“Si la literalidad de la
Carta Magna, establece el juicio “al
solo efecto de remoción del cargo”, hay circo y corrupción sistémica”.
Según la TGC, si el poder es
corrupto naturalmente, utiliza la ignorancia en la interpretación de la Ley.
En todo acto de
administración del poder, éste utiliza a la Constitución, cuyo marco debe ser
respetado de manera irrestricta, según los intereses coyunturales.
Si literalmente dice: “Que el juicio político es al solo efecto de
la remoción”, no significa que el derecho a la defensa, y con ella, la
posibilidad de ser exculpado, quedan anulados por la norma constitucional.
De lo contrario, se daría
una interpretación a la letra y “a la carta” del signo político dominante. A
eso los bañadenses y el propio ex
ministro de la Corte, le llamaron circo, instalado en los tres poderes.
Nuestra democracia y la
literalidad, a la hora de interpretar la máxima Ley de la República, permite
entender claramente el uso dado, a la ley, o su instrumentación, para la
corrupción sistémica o intralegal. Eso lo hemos explicado muy bien en una
reciente conferencia.
Ahora bien, de comprobarse
el mal desempeño, así como la “prevaricación” en las resoluciones, el juicio no
termina en el recinto colegiado. Sino que debe existir la reparación
pecuniaria, de los involucrados y del propio Estado, por los delitos cometidos
en sus funciones. Eso también lo establece el mismo articulado constitucional.
Así es como empezaremos a
respetar un Estado de derecho, sobre la responsabilidad de los hechos, actos y
prácticas de corrupción cometidos según las acusaciones de la Cámara.
Hoy se que se festeja un
aniversario más del reconocimiento universal de los derechos humanos, debemos
resaltar la necesidad del buen uso de la claridad, la libertad y la virtud;
para salir definitivamente del subdesarrollo, amarrado sobre nuestros intereses
estratégicos. Que siguen siendo entregados sin empacho, por los politiqueros de
turno; así es como, nuestros vecinos, nos siguen pagando según su antojo y
conveniencia, no el precio justo. Convirtiendo a nuestro pueblo en injusto
mendigo de la comunidad internacional.
Con nuestros nativos sin
posibilidad, hasta hoy, de vivir dignamente, en sus expropiados hábitats,
transformadas en turbinas.
También, siguen sin cobrar,
miles de obreros explotados en su época, para la construcción de la represa,
durante la dictadura más perversa de América Latina: Pese a que los derechos
laborales no prescriben, se les sigue negando el pago como trabajadores de
riesgo.
Así como nuestra Carta
Magna, reconoce la defensa de los derechos humanos, literalmente, en la
práctica política y jurisdiccional, se los debe hacer cumplir, pero sin
ignorancia.
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