Me decía un
alberdeño: —“Parece un contrasentido
hablar de la corrupción y del Estado de derecho en cualquier país del mundo,
cuyos habitantes están obligados a convivir políticamente con la corrupción
sistémica”.
Según la
TGC, el poder, naturalmente corrupto, en una democracia de verdad, debe buscar
la justicia disminuyendo la ignorancia y la ocultación, en el accionar del
Estado.
Si bien es
cierto, que nuestros ciudadanos, al ser preguntados, admiten que la corrupción
es dueña absoluta, de los manejos de la administración pública; confunden hasta
la fecha, los dos tipos de corrupción. A eso se llega por la ignorancia en la
ocultación, impuesta desde los tres poderes.
Esta
confusión lleva a la gente, a pensar que los autores de los hechos, actos o
prácticas de corrupción, son carentes de moral o subjetivamente, únicos
responsables.
Solo al
profundizarse sobre el concepto completo de corrupción, podrá lograr
disminuirse el flagelo, por medio de políticas públicas eficientes, con respeto
del Estado de derecho constitucional.
Al no
contar, con los medios de técnica legal suficientes, fundados en una teoría
general, los investigadores seguirán teniendo serias dificultades, además de la
cuestión estructural, para llegar a la verdad en los procesos.
—“¡Aquí todo falta a la hora de hacer bien
las cosas! No puede confundirse, pequeña corrupción, con la gran corrupción”—reclamaba
el alberdeño.
En un
Estado de derecho, no debe existir preeminencia política sobre el derecho. La
justicia debe ser respetada, como principio de todos los derechos humanos. Ya sea
para las minorías o las mayorías.
Así
funciona una democracia con claridad, libertad y virtud, al servicio del bien
común.
Los
recientes acontecimientos, entre los encargados de los poderes, sirven de
enseñanza, para entender que ellos están obligados a respetar la ética y la
ciudadanía a buscar mejorar la política cada día, para ir saneando del más
mortífero flagelo de la humanidad, que obscurece el desarrollo con ignorancia.
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