Indudablemente,
la voluntad es determinante en los hechos y actos de corrupción; de manera
específica e individual, del agente. A eso, podría llamarse, venalidad en la
función pública. Pero, no puede tener la misma consideración, al observarse a
la corrupción como un sistema.
Por
ello, el estudio jurídico del tema, abordado por la TGC, explica: “La
ignorancia en la ocultación del poder, utiliza la venalidad para manipular a
quienes ocupan los cargos”.
La
democracia, un sistema de gobierno, donde existe al menos, la posibilidad de
saber, entender y descubrir la verdad política; siempre y cuando se respeten la
libertad y el Estado de derecho. Lo cual resulta, la misión fundamental del
poder, para que todos puedan cumplirlo.
Esta
realidad constitucional, choca contra la práctica política y de la función
pública. Que ha resultado ser, una simple moneda de cambio para lograr los
votos necesarios, para adquirir mayorías ilegítimas; basadas en la
subordinación laboral.
La gran
confusión existente, en los empleados del Estado, permite que la gente común,
pierda la confianza en las instituciones. Las cuales han convertido los cargos,
las funciones y trámites, en una especie de “peaje electoralista”. Por lo
tanto, poco puede esperarse, de la recta interpretación de las leyes, a la hora
de la responsabilidad, por parte de quienes ocupan los cargos de relevancia, en
el país.
Se ha
hecho costumbre, hacer campaña política con plata del Estado. Simulando grandes
préstamos, que van a parar a los bolsillos de los amigos, correligionarios o
parientes. Últimamente, en nombre de los campesinos e indígenas y su “bienestar”.
Bajo la figura de condonaciones, se intenta ocultar, el desvío de tales fondos.
Allí es donde se combinan, la venalidad individual, junto con el sistema de
corrupción.
Esta
forma de hacer política, en plena era democrática, resulta ser la misma que
siempre se ha utilizado, para engañar y someter a los electores. Negándoles la
enseñanza mínima, para conocer sus ecosistemas, que le permitirá vivir mejor y
ayudar a sus descendientes. Una política, dedicada, con falsedad, a denigrar,
alienar y falsificar el concepto mismo de “bien común”.
Suficiente
tenemos, sobre imputados; por la corrupción sistémica en el país, que ahora ya
aparecen promoviendo “perdón de deudas” y “reformas del poder judicial”. Con la
clara intención de evitar, que se siga investigando y penalizando a los “honorables”.
Mientras
el erario público, debe seguir soportando los embates de las inundaciones, los
desfalcos y las licitaciones amañadas, del reciente pasado gobierno. Sin
posibilidad, hasta hoy, de recuperar los activos a favor del Estado. Dinero,
que sería de gran utilidad para ayudar a los miles de compatriotas afectados
por la crecida de los ríos Paraguay y Paraná. De norte a sur, en toda la República.
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