Ningún
negocio ‘sale bien’, cuando de intereses nacionales se trata. Ese es todo un principio de la politiquería, empotrada
en la corrupción sistémica de un país.
Según
la TGC, la ignorancia en la ocultación del poder, hace estragos a los intereses
de un Estado, cuando el poder no trata de disminuirla. Recordemos que la misma
es un elemento invariable pero dinámico, de todo sistema de corrupción.
La
justa compensación, solicitada por los ‘altoguairienses’,
es una demostración más, de la magnitud de la corrupción, en perjuicio del
Paraguay. Esta ciudad ha perdido sus monumentos naturales, que le dan nombre al
distrito; mientras se sigue tratando de hacer callar a sus habitantes con sumas
insignificantes de compensación de los daños a este municipio de ‘Canindeyú’.
La
claridad, la libertad y la virtud se deben tratar de hacer valer a favor de la
gente del lugar. Compensando con una indemnización de por vida, acorde a los
daños ambientales y culturales, presentes y futuros; causados por la
hidroeléctrica más grande del Mercosur: tan productiva para uno de sus dueños y
muy destructiva para otro.
Callarla
verdad en una democracia, es renunciar a ser ciudadano, capaz de buscar mejorar
la situación de una población, que prácticamente, fue diezmada, en su potencial
turístico; un rubro que cada día cobra más fuerza en el mundo.
Los perjuicios
ocasionados, a la ecología, son visibles, objetivamente. Los indígenas, hasta
hoy siguen ocupando calles de la capital, buscando sobrevivir ante la
mutilación de sus comunidades nativas. Por ende, la compensación dineraria, no
será una solución total a los múltiples problemas sociales, causados por la
represa; pero si los fondos son bien destinados, podrían ayudar bastante para
encontrar, mejores medios de vida para la clase más necesitada.
Mucho
daño ha causado el mal uso, de los royalties administrados por la política de
la democracia bananera y mercantilista, la politiquería. Pese a que, según los
principios de un Estado de derecho, cada ciudadano debe tener la indemnización justa,
si respetamos nuestra Constitución, en su contenido social y equitativo,
sostenido democráticamente en la libertad de acción y pensamiento.
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