La corrupción y la compensación de los daños

Ningún negocio ‘sale bien’, cuando de intereses nacionales se trata. Ese es todo un principio de la politiquería, empotrada en la corrupción sistémica de un país.

Según la TGC, la ignorancia en la ocultación del poder, hace estragos a los intereses de un Estado, cuando el poder no trata de disminuirla. Recordemos que la misma es un elemento invariable pero dinámico, de todo sistema de corrupción.

La justa compensación, solicitada por los ‘altoguairienses’, es una demostración más, de la magnitud de la corrupción, en perjuicio del Paraguay. Esta ciudad ha perdido sus monumentos naturales, que le dan nombre al distrito; mientras se sigue tratando de hacer callar a sus habitantes con sumas insignificantes de compensación de los daños a este municipio de ‘Canindeyú’.

La claridad, la libertad y la virtud se deben tratar de hacer valer a favor de la gente del lugar. Compensando con una indemnización de por vida, acorde a los daños ambientales y culturales, presentes y futuros; causados por la hidroeléctrica más grande del Mercosur: tan productiva para uno de sus dueños y muy destructiva para otro.

Callarla verdad en una democracia, es renunciar a ser ciudadano, capaz de buscar mejorar la situación de una población, que prácticamente, fue diezmada, en su potencial turístico; un rubro que cada día cobra más fuerza en el mundo.

Los perjuicios ocasionados, a la ecología, son visibles, objetivamente. Los indígenas, hasta hoy siguen ocupando calles de la capital, buscando sobrevivir ante la mutilación de sus comunidades nativas. Por ende, la compensación dineraria, no será una solución total a los múltiples problemas sociales, causados por la represa; pero si los fondos son bien destinados, podrían ayudar bastante para encontrar, mejores medios de vida para la clase más necesitada.

Mucho daño ha causado el mal uso, de los royalties administrados por la política de la democracia bananera y mercantilista, la politiquería. Pese a que, según los principios de un Estado de derecho, cada ciudadano debe tener la indemnización justa, si respetamos nuestra Constitución, en su contenido social y equitativo, sostenido democráticamente en la libertad de acción y pensamiento.