Me
decía un parroquiano del Alto Paraná, “la suma de la deforestación, da
calambre, y la falta de cumplimiento de la Ley, en cuanto al daño ambiental en
el país…”
Según
la TGC, si el poder no cuida el cumplimiento de las normas constitucionales,
hay injusticia.
Cada
día la gente se identifica más, con la democracia y el pedido como ciudadanos,
es el respeto de la ecología, para tratar de cooperar en algo con la
convivencia universal, comprendiendo una obligación de todos los que habitamos
el país: tratar de bajar los niveles de daño a nuestro ecosistema natural. Los
delitos ecológicos, tienen un perjuicio irreparable, económico y social, para
toda la República.
Es un
costo subsidiado por el Estado, al decrecer la calidad de vida y salubridad, de
las comunidades. Bajo el supuesto, facilista, de generar mayores ingresos para
una casta o segmento poblacional privilegiado.
A la
vera de todos los caminos vecinales de la capital, o de los valles, pueden
verse uno tras otro, crímenes insanables contra el medio ambiente y la
biodiversidad.
Los
propios “encargados de la vigilancia o policía ambiental”, al parecer, ni
siquiera se inmutan. Conviven con ello, esperando la denuncia solitaria de
algún ciudadano, que pueda dar pie a los periodistas, a que difundan el “grave
hecho”; para así publicitarse un poco, aprovechando la ‘nota’.
Pero en
las sanciones efectivas, que no pasan más de lo simplemente pecuniario para los
infractores; solo se llega a la reparación mínima, pero que ni siquiera tienen
mecanismos resarcitorios, para la comunidad afectada, en específico, o de
cargas impositivas mayores para los que dicen “producir para el país”, pero
destruyendo hábitats nativos y ambientes naturales.
Hay locales
autorizados por las autoridades competentes, que hoy están produciendo
pestilencia, contaminación de aguas y polución.
Gallinerías,
curtiembres y mataderos, ubicados en cercanías de arroyos, que no tienen ningún
tipo de tratamiento. Pero como “consiguieron” su “licencia ambiental”;
aprobados sus “estudios de impacto ambiental”, al parecer, a nadie ya le
importa, a nivel gubernamental.
Hoy los
vecinos, de esas zonas rurales, reclaman a gritos, que se revisen y corrijan
estos abusos, de parte de los dueños y las autoridades reglamentarias; para no
terminar perdiendo en su totalidad, los cursos hídricos del país.
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