Una
de las características de la corrupción sistémica, es el viso de legalidad que
tienen sus hechos, actos, e incluso, prácticas corruptas en el Estado.
Según
la TGC, la estructura del poder en toda la función pública, es responsable a
través de sus funcionarios, sea cual sea su rango, categoría o forma de
elección.
Esta
realidad, de que los jefes o altos funcionarios, sean responsables directos de
la corrupción sistémica, nos les gusta mucho a politiqueros encargados de algunas instituciones públicas.
Lo
inaudito es que algunos, electos por el voto popular, aleguen “cumplimiento de
la ley” en la aprobación hecha a ciertas licitaciones y otros negocios del
Estado; pretendiendo así, liberarse y aislarse del propio imperio e investidura,
de las cuales gozaban en sus cargos ejecutivos. Entonces, si cumpliendo la Ley
ocurre un perjuicio patrimonial para el Estado, estamos ante la figura de la corrupción intraley. Porque se cumplen,
aparentemente, con todos los procedimientos y formalidades requeridas para la
validez del acto público, pero sin embargo, encierran un acto de corrupción en
la interpretación de la norma, al favorecer
a otros, en perjuicio del erario
público. A eso puede llamarse viso de
legalidad, pero no de legitimidad.
Al
interpretar literalmente la Ley penal o administrativa, puede que incluso,
jamás pueda ser imputado ni mucho menos penalizado ningún funcionario de peso
político; pero la verdadera interpretación, a la luz de los tratados internacionales sobre la
materia de la lucha anticorrupción, vigentes en nuestro país, no dan lugar a
tales confusiones.
Si
ese “viso de legalidad” permite la impunidad, se convierte en un nuevo sistema
de corrupción, pero esta vez, involucrando también al Poder Judicial, por medio
del elemento ignorancia, en la ocultación del poder.
Lo
mínimo que debe hacer un Ministro en el poder, es renunciar si tiene nociones
de ética como hombre público de la sociedad. También el pueblo les debe exigir
reponer lo defraudado.
La
élite de los parlamentarios, está muy molesta por el cuarto poder en esta
democracia representativa, al conocerse el grave historial de los miembros del
cuerpo colegiado. Pero allí, de nada sirven los “códigos de ética”, aprobados
por ellos mismos, entre vítores y aplausos al estilo Paraguay de la época
bananera: A la orden y al mejor postor, sin importar la justicia ni respetar el
Estado de derecho, hasta hoy manoseado por la ignorancia y la corrupción.
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