Infracción límite: La corrupción
La democracia,
con un estado de derecho, bajo la libertad de acción y pensamiento, engrandece
a cualquier civilización; pero en nuestro caso, país subdesarrollado, que
ha comenzado a salir de la oscuridad y
la ignorancia manejada a través de las llamadas “infracciones límite”, operador
de la corrupción sistémica, descripta en la Teoría General de la Corrupción (TGC).
Las
instituciones están para velar por el buen cumplimiento a favor del ciudadano,
siempre que sus representantes estén en conocimiento y voluntad de hacer bien
con su función. Como funcionario público, proteger la primera ley de la República : la Constitución
Nacional.
Hoy en día, por
la facilidad de acceder a la información, puede hacerse toda una evolución si
tales medios se enfocan en el logro de la justicia, y a la gente le gusta, lo
cual alzará el “rafting”. Hablo así porque la prensa comercial está solo para
ganar más, sin importar mucho cómo.
Ahora, son los
administradores del accionar del Estado los que deben cuidar los bienes y las
personas en el país, ya que en sus manos se ha depositado la fe y la confianza
del pueblo. No importa que lugar ocupe en la estructura, sea el primero o el
último.
Este
funcionamiento público llegó a trastocarse tanto, que el funcionariado llegó a
creer, en un momento, que su puesto era un negocio particular, dependiente de
otro más grande, por supuesto, y que, por lo tanto, él podía hacer lo que mejor
le parece, sin respetar ninguna ley o reglamento; solo regía el beneficio
personal.
El respeto del
Estado de Derecho y la función de los servidores públicos para disminuir la
corrupción es lo más difícil en todo poder democrático, y, en fin, a cualquier
sistema de gobierno. Eso es así porque a la corrupción solo le interesa
recaudar sin importar color, raza, nación, sexo o edad.
Nuevamente es la
política, en manos de los políticos, la encargada de hacer el trabajo de bajar
la ignorancia para intentar bajar la corrupción, cuidando de todo manejo
discrecional de los funcionarios, realizado en nombre de la institución,
haciendo primar siempre lo establecido por la Carta Magna.