Indudablemente nuestro país está acostumbrado a pagar, la factura
internacional desde la más remota época, manejada por la corrupción sistémica
en toda Latinoamérica. Lo cierto es que la política, la libertad y la democracia
nos permite distinguir, saber y comprender, para así buscar corregir y
disminuir el flagelo numero uno del mundo civilizado: la corrupción.
Hacer política en Latinoamérica es sinónimo de beneficio personal, en el
criterio de la gente, aún renunciando a cobrar por el cargo.
La vida constante en un ambiente corrupto, hace confundir los valores de
la sociedad, a tal punto que, algunos de los chicos de la escuela consideran
que la institución, donde su padre o madre es presidente, pasa a pertenecer a su
progenitor. Convirtiéndose en un lugar donde podía hacer su voluntad primero,
antes que cumplir con la ley de la función pública y la Constitución
Nacional.
Ahora se dice que esto fue por culpa de la falta de honradez y ética en
la formación de los funcionarios. Aquí reside justamente la importancia de la TGC , ya que no se puede
esperar la solución de ninguna cuestión, si no se disminuye la corrupción.
En primer lugar se debe entender de que existen dos clases de
corrupción, la contra ley y la intra ley, pequeña y gran corrupción
respectivamente, cuyo epicentro está en los tres poderes públicos, y no tiene
discriminación alguna sobre sus participantes, todos le son útiles para
facturar internacionalmente.
El poder actúa entonces desde una estructura, para obscurecer el
proceso, del buen cumplimiento del derecho, a favor del progreso de las
naciones. En nuestro país, se agrava porque los supuestos servidores públicos,
que son electos por el pueblo, no son sujetos de la ley de la “función
pública”, que debería ser la principal ley “anticorrupción”.
Por eso la “facturación” irregular en los negocios del Estado, parece
inalterable, por la obscuridad en que se encuentra; burlándose escandalosamente
el artículo 106 de la Constitución
Nacional