El pueblo
sigue teniendo fe, de que nuestros vecinos
nos paguen el precio justo, según lo establecido originalmente en el
Tratado, hábilmente modificado por la corrupción sistémica, que ha imperado en
América Latina; cuyas consecuencias estamos pagando, sin poder, hasta ahora,
tener igualdad en la distribución de las utilidades de Itaipú.
Según la TGC , la gran corrupción
utiliza la interpretación en perjuicio del Estado, ya sea por un particular,
una sociedad o por otro Estado; la característica es la dificultad para la
visibilidad, ya que actúa en la ocultación, cuyo epicentro está en los poderes
públicos.
Hoy con la
clara declaración del nuevo presidente, de que luchará por que se reconozca
nuestros legítimos derechos en las binacionales, saliendo al paso de algunos
comentaristas, que sostienen que Paraguay “solo colaboró con el agua”.
Además de
los perjuicios económicos, en el “precio justo”, los daños a la ecología y el
medio ambiente son incalculables para el país, ni que decir para los pueblos
originarios, quienes deben recibir un mejor trato y compensaciones legales.
Así como
aquellos obreros que fueron estafados, en su derecho a recibir el pago de bonificaciones y beneficios, que les
corresponde en ambas márgenes, incumplido por las supuestas “empresas
contratistas”. Derecho que hasta hoy se les sigue negando; derechos humanos,
laborales, imprescriptibles, según nuestra Constitución Nacional y los Acuerdos
internacionales, aprobados y ratificados por el Paraguay.
Son preceptos
que en el derecho laboral son irrenunciables; ni siquiera por corrupción o
ignorancia, pueden dejar de cumplirse, pese a que hasta hoy sigan siendo
omitidos, de manera irresponsable por los sucesivos gobiernos que se
instituyeron en la era “democrática”.
Ellos
deben ser pagados, en primer lugar, por ser normas de orden público. Si estos
compromisos, de rango constitucional no se cumplen, de nada sirve la alta
declaración social, que es el espíritu de la Carta Magna
De hecho,
hay democracia, y esperemos que el gobierno la respete en bien del pueblo y sus
ciudadanos, por todos los obreros y trabajadores del país, que necesitan que se
disminuya la corrupción sistémica, para así, lograr la ansiada justicia social
reparadora.