En
nuestro país existen tantas cosas para hacer; en todos los órdenes; pero
siempre la colocación de estos bienes y servicios, tienen resultados económicos
negativos en la sumatoria: por la corrupción sistémica en el manejo
administrativo.
Los
llamados a concurso de oposición, no pueden garantizar nada; si los encargados
solo reciben órdenes, para seguir manteniendo sus cargos.
Según
la TGC, la ética puede ser considerada como “el deber ser”, mientras la
corrupción es un hecho consumado.
A
diario, el cuarto poder, a través de la libertad, tanto de expresión como de
ideas, nos está demostrando cómo los hechos, prácticas y actos con nombre y
apellido de los abusadores; tanto de sus cargos como de sus influencias, continúan
con sus acciones, en perjuicio directo de la buena administración del país: Que
sigue necesitado de buenos ejemplos, de sus autoridades electas por el voto
popular. Tan siquiera, para apaciguar a la población, dolida por los abusos en
los precios de los bienes y servicios, que influyen en la economía personal de
cada ciudadano.
Ahora
la gente espera la igualdad, en el tratamiento legal, de estos señalados por
defraudar a través de la corrupción sistémica.
Nuestra
democracia ha tenido gran alce; al comenzar a buscar claridad, libertad y
virtud en el proceder del poder.
Ahora
se debe exigir y atender, a que la administración de justicia, lleve un control
estricto de los procedimientos.
Esto
podría devolver la confianza, de una ciudadanía azotada por el alza
indiscriminada de precios; cansada de ver como se otorgan fianzas, para aquellos que tienen alto poder adquisitivo.
Dando la imagen de que, en la democracia de la corrupción sistémica, “si hay
plata no hay pena”. Salvo la mancha, de ser noticia de un día en los periódicos
de plaza.
Los
bienes y servicios deben mejorar la convivencia, no empeorarla. Los actores,
cómplices y encubridores, de cualquier poder del Estado, manejados en la
ignorancia de la obscuridad del sistema; en la estructura de la corrupción
sistémica, común en los países subdesarrollados, deben ir haciéndose
responsable por sus actos de administración de los bienes públicos. El pueblo
ya tiene mucho que pagar, diariamente, para vivir.
El
pueblo ya no quiere ser la parte indefensa, que asume todos los perjuicios de
sus autoridades; mucho menos de las electas por el voto. El desarrollo social,
ya no puede ser interrumpido por instrumentos, de la corrupción sistémica
imperante en Latinoamérica.
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