Duele tal vez: pensar y
decir la verdad. Pero en la democracia, esto abre el camino para conocer los
hechos, los actos y las prácticas de la corrupción sistémica; cometidos por los
recaudadores. Obligando a todos los ciudadanos, a cumplir fielmente a su
sostenimiento social.
Según la TGC, toda ley
tiene dos caras, que deben ser muy tenidas en cuentas para su aplicación, al
servicio del bien; una de verdad y justicia, y, la otra, que denominamos “de corruptis”: en razón de que su interpretación,
se utiliza para favorecer a la corrupción sistémica.
Algunos apresurados, por
el solo hecho de ganar noticia y popularidad, presentan innovaciones; que no
son otra cosa más que copias deformes, de leyes aplicadas en otras naciones. Su
aplicación, de llegar a ser aprobadas, resultan un grave perjuicio para el buen
ejercicio del derecho; y peor, para la justicia social.
Entre los recaudadores,
podríamos encontrar el seguro obligatorio del IPS; tan manoseado, que
supuestamente debería beneficiar a los aportantes; trabajadores, que al final
debe terminar mendigando atenciones mínimas.
Algunos solamente asisten
para recibir la “extrema unción”, de funcionarios pagados mensualmente con el
dinero de millares de trabajadores del
país.
A diario, los asegurados
son burlados y maltratados, inmerecidamente, por los funcionarios y por las
propias autoridades, que hasta hoy no solucionan esta deplorable situación.
Siguen los inventarios y
sumarios, en todas las reparticiones públicas; conociendo cada día nuevos
fraudes al Estado. Sin embargo, el silencio cómplice de la corrupción
sistémica, va ganando terreno, a través del tiempo, aprovechando la democracia
malentendida, en que se vive la política.
Los recaudadores siguen
con mucho trabajo; sin molestias, tan igual como antes, o tal vez, mejor que
hace unos meses. Ya que hoy día, son muy duras las escaramuzas y protestas
callejeras, contra la corrupción, lo cual genera la cortina de humo, necesaria
para seguir con el sistema.
Van pasando los días, el
viento nos lleva de nuevo a las mismas penas; en las hidroeléctricas no existe
la más mínima voluntad política, de conseguir lo justo según lo pactado: salvo
la renegociación para seguir recaudando de la corrupción.
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