En
todo acto, hecho o práctica de la corrupción sistémica, la discrecionalidad de
sus ejecutores, es la característica común;
esto se puede aplicar también, a sus cómplices y encubridores, dentro
del esquema de poder.
La
discrecionalidad, se hace posible cuando hay “ideas”, para la realización o
ejecución de actos públicos; para hacerlos pasar como legítimos, utilizando la
ignorancia, en la obscuridad del sistema.
Esta
característica imposibilita, a la gente, comprender el perjuicio, con la
cortina de humo de los “supuestos beneficios”, sugerentes para la sociedad.
Escudado en la democracia participativa, que nos obliga como ciudadanos, a conocer
y entender, sobre el actuar de nuestros representantes.
Según
la TGC, si la ley no se interpreta correctamente, para su aplicación, fácilmente
se convierte en instrumento de la corrupción sistémica.
Aquí
como en toda Latinoamérica, es costumbre el doble discurso, para encubrir la
corrupción sistémica, cuyas consecuencias son la falta de claridad, libertad y
virtud, para el respeto del “bien común”. Porque los legítimos derechos, no
pueden ser objeto de negociación, por parte de ninguna autoridad, del poder
público que fuere; para la consecución de beneficios particulares, familiares o
partidarios.
Esta
democracia, nos está brindando una “confesión ficta”, de las autoridades
electas, ante el pueblo. Ahora esperamos la acción de los representantes de la
sociedad; según el adagio “a confesión de parte relevo de pruebas”.
Es
importante resaltar la madurez que va adquiriendo el pueblo, tanto para pedir y
acusar; así como para superar, de una vez por todas, la famosa politiquería
tradicional.
Si
estos actos discrecionales, cometidos por las autoridades, desde sus funciones
en la administración pública, terminan con una mera sanción ética, por medio de
la prensa: La democracia, la libertad y el Estado de derecho, perderían total
credibilidad. En razón de que los que administran justicia, en omisión abierta
de su deber, no actúan conforme a los propósitos constitucionales de su
investidura.
Los
daños deben ser resarcidos, a la sociedad; el perjuicio al erario fue
devastador, en las últimas dos décadas, para una escuálida economía paraguaya;
donde a diario se exige, a los ciudadanos, soportar el aumento indiscriminado, de los productos y
servicios de primera necesidad. Sin tomar en cuenta, por ejemplo, la cantidad
de energía regalada por nuestro país, en las hidroeléctricas. Cuyos ingresos, hasta hoy, solo sirven para
mantener a la “clientela”, no para
abaratar, por lo menos, el costo de vida de los habitantes de la República.
Se
debe ir mejorando en la recuperación de activos, fruto de la corrupción
sistémica. Dejar de convertir a la persecución penal, con nombre y apellido, en
una simple “purga transparente”, que por el desgaste de los procesos, seguirá
blanqueando a los ejecutores del sistema corrupto. Que pese a confesiones
diarias, por la castración política y jurídica de los representantes de la
sociedad, convierten al país en un “paraíso de los culpables”.
La
ignorancia en la obscuridad de un sistema, con el procedimiento discrecional,
es la que genera la corrupción sistémica del país.
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