En nuestro país existe una fuerte corriente, que
considera a la política, como separada de toda cuestión de poder.
Esa tendencia,
lo único que busca, es excluir a los políticos, devenidos en administradores
públicos, de su responsabilidad en la corrupción sistémica. Convirtiendo al
puesto público, como un “trabajo profesional”, donde el objetivo es conseguir
recursos para la subsistencia y buen pasar del político; no para el bien común,
ni para el mejor sostenimiento financiero de la entidad administrada.
Según la TGC, si corrupción es igual a poder sobre ignorancia, fórmula
aplicable a cualquier civilización; entonces, toda actividad pública, donde se
tomen decisiones coercitivas de poder, está sujeta a este principio. Esta
confusión, se sigue dando en la gente, sin embargo, por la escasa difusión que
se le presta, al elemento ignorancia.
Este factor, aplicado a una fórmula matemática, que
explica el funcionamiento normal del poder, es el que se encuentra en
permanente eclosión; es variable, dinámico y adaptable. Por eso se acomoda,
tanto al sistema legal como al esquema jerárquico; a favor de la obtención de
recursos, ilegítimos, de los que se creen dueños del poder público.
La democracia, al ser atrapada, con un sistema
representativo y social, por nuestra Constitución, busca siempre encontrar la
verdad sobre los hechos. Porque existe, libertad de acción y pensamiento, es
que resulta tan difícil entender la búsqueda de la justicia y la claridad en la
política.
Los partidos tradicionales están sin doctrina; sus
dirigentes, manchados por la corrupción sistémica. De a poco, sus afiliados,
van comprendiendo y exigiendo más claridad, libertad y virtud, a sus
mandatarios. Disminuyendo así, paulatinamente, la ignorancia y la obscuridad
del poder. Porque ese es el espíritu de nuestra Carta Magna, que establece el Estado
social de derecho en la República.
Este atropello desesperado, de expandir hasta lo
que no s tiene para demostrar progreso, y así, ficticiamente, disminuir la
falencia de medios, nos lleva a todos a un atolladero, en manos de la más grave
corrupción estatal. En busca de los medios económicos, sin ser capaces de hacer
valer la buena política, empezando por la compensación debida en los entes
binacionales.
Si no logramos exigir y hacer cumplir, la obtención
de los recursos que legalmente nos corresponden; a favor del pueblo,
indemnizando de manera justa a los indígenas de todas las etnias. Es hora de
hacer comprender que una política justa es posible.
Comenzando a cuidar la ecología, preservando la
buena administración de justicia en el campo.
Debemos comenzar a entender que la política es la
única ciencia capaz, en la práctica, de disminuir la corrupción sistémica, si
los dueños del poder de turno, realizan una buena interpretación, a favor de los
recursos de todos los paraguayos; no solamente de los propios.
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