Esta institución tan grande, nos permite hoy
demostrar, la vigencia de la corrupción sistémica, desde el punto de vista, de
la investigación científica jurídica; así como, la necesidad de una doctrina
política renovadora.
Se hizo posible al presentar, la nueva
administración, una denuncia formal, por la defraudación en las compras de
medicamentos y afines.
Según la TGC, para que exista corrupción sistémica,
la estructura del Estado debe ser permeable a sus actos, hechos y prácticas;
concatenadas para el logro de los objetivos económicos sectarios, disfrazados
de solución administrativa.
Para lograrlo, se utiliza a la ignorancia, en la
ocultación del sistema de poder. Como ejemplo de esto, podríamos nombrar a la “alianza
público-privada”, un mecanismo que desde antaño se utiliza para quitar
beneficios, gratis, de los recursos genuinos del Estado.
Y, en el caso del Instituto de Previsión Social, el
capital es obtenido de los aportes regulares, mensuales de los asegurados:
Todos trabajadores, de raigambre humilde en su mayoría, que no tienen tiempo ni
medios, para protestar ni organizarse, de modo a, exigir y hacer cumplir a cabalidad lo que les
corresponde como dueños legítimos de la previsional.
Ahora lo que resta es encontrar el mecanismo, para
que sea devuelto— al ente asegurador— la suma defraudada. El hecho se agrava,
si se consideran las aseveraciones del presidente actual, de personal de blanco
y administrativos; de que el monto ascendería a más del millón de dólares.
El maltrato a los asegurados; el total desprecio
hacia la clase trabajadora, es amparado por la corrupción sistémica; de
extendida tradición en el país. Se habla de carencias desde las más básicas,
como el papel higiénico y los guantes.
Este hospital obligatorio, que debe estar al
servicio de sus aportantes, se ha
convertido en la financiera de los muchachis,
con la connivencia de los poderes, sin distinción.
Esta responsabilidad, de sanear y seguir revisando, debe
continuar; abarcar desde las instalaciones, hasta el mantenimiento estructural
y material de cada sala de internados.
Esperemos que los involucrados, sean puestos ante la
justicia; bajo el criterio:”de la cabeza para bajo”. Incluyendo a los asesores,
el consejo y todo puesto de control auditor interno. Los cuales, son pagados
con ingentes sumas, a fin de cumplir, justamente, la función de contralores y
representantes de los asegurados.
Solo así, podremos empezar a intentar vivir, en un Estado
de derecho democrático; no más influenciado por los intereses de la corrupción
sistémica.
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