Va cayendo, como hojas
de árbol en invierno, la versión de la última campaña proselitista. Y hoy, ya
están pidiendo más cárceles. Aún, sin haberse inaugurado, las que fueron
presupuestado y construidas como la “solución”.
Según la TGC, la
ignorancia en la ocultación, de todo poder, se encuentra en constante eclosión;
de modo a seguir recaudando, por medio de su estructura, a favor de la
corrupción sistémica.
El famoso ‘desarrollo
social’, solo puede lograrse bajando y controlando la corrupción en sistema. El
aumento de penitenciarías, demuestra, la absoluta falta de conciencia social de
la ciudadanía. Al no cuestionar, la marginación, la falta de sanidad, ayuda y
tratamiento, para los “enfermos sociales”. Como una política, al menos,
humanitaria.
La costumbre de hacer
y decir, macanadas, se paga caro en la administración de un gobierno; que debe
ser de contenido social, por Constitución, al amparo de la libertad en el marco
de un Estado de derecho. Sin llegar, tal vez, a ser la perfección, o la
excelencia democrática. Pero ganas no faltan, para ir mejorando nuestra
convivencia política y despabilarnos, a los ojos del mundo civilizado.
Todas las penitenciarías
actuales, deben revisar, en el más corto tiempo, el estado judicial, físico y
psíquico de todos los presos. Sin exclusiones ni excepciones. Separar a los
condenados de aquellos, cuya sentencia sigue en proceso.
Al mismo tiempo, deben
tener nuevos métodos de recuperación; según el grado de su desarrollo
psíquico-mental. Evitando cualquier fraude, por parte de los encargados de su
custodio; y si fueren pillados en “mafia”, a costa de los privados de su libertad,
deben perder definitivamente, la posibilidad de seguir siendo funcionarios
públicos. Perdiendo incluso su derecho a la jubilación, por la gravedad de su
función y los hechos cometidos. Sin importar si son uniformados o
administrativos, los responsables.
Así también, los juzgadores
deben recibir la sanción que corresponda, por el delito de de “prevaricato”,
figura estipulada en la legislación penal vigente; en caso de comprobarse, la
mala interpretación o ignorancia en el procedimiento penal. Por tratarse de
cuestiones de orden público, que no merecen espera ni disculpas, que aletarguen
resoluciones, perjudicando la seguridad de toda la población.
Esta primera reforma
administrativa, debe preceder, a fin de encontrar una solución inmediata a los
presos de todo el país. Los cuales tienen derecho, a obtener algún tipo de
trabajo, a fin de ir ganándose, por ellos mismos, la subsistencia. Controlando siempre,
que sean respetados, y no aprovechados por la corrupción sistémica imperante.
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