La corrupción y el saneamiento económico

La responsabilidad, en el manejo de toda institución de servicio público, en aras del saneamiento económico, debe ser lo más costoso: contra la corrupción sistémica, imperante en todo el país.

Según la TGC, todo poder debe, al menos, dedicarse a la disminución de la corrupción sistémica, por medio del control de la ignorancia en su estructura.

La proliferación de aprovechadores, con viso de dirigente, ya sea sindical o política, ha llevado de a poco, a una institución, muy necesaria y útil en un país subdesarrollado como el nuestro: El IPS. Tan devastado por la corrupción en sistemas, porque se ha manejado como la “caja chica”, de los politiqueros de turno, en perjuicio de los legítimos aportantes.

Las atenciones que prestan a los asegurados y jubilados, deja mucho que desear. Mientras, el ente previsional, sigue manteniendo a la TV Pública, con su programa y pagando millones a empresas amigas, de los dueños absolutos y funcionales, al sistema; tratando de acallar los reclamos, por medio de propaganda, de lugartenientes y panegiristas del círculo.

La entrega de los sindicatos a sus designios, es absoluta, en detrimento de los derechos de los trabajadores y de los otros obligados aportantes.

Es hora de un saneamiento económico, para reflotar esta institución, de tan importante rol; tal vez, se podría mejorar controlando los niveles de ocultación de datos, realidades y falencias. Eso disminuiría la ignorancia, y con ello la estructura ganará en seguridad a favor de los que sostienen, mes a mes, con sus aportes, a la institución.

Esa idea, con claro objetivo elitista, de establecer la alianza público-privada, pese a las grandes fisuras en lo social, que se ha observado en el comportamiento histórico, de este tipo de emprendimientos. A nivel local como regional, existen numerosos ejemplos.

La democracia, en libertad y con un Estado de derecho, que debe actuar con precisión; de modo a “salvar” este ente autónomo, sin lugar a dudas, el de mayor concordancia, con el carácter de “Estado social de derecho”, del cual se ha impregnado toda nuestra Carta Magna, desde su promulgación en el año 1992.

Todos los sindicatos de obreros, deben hacer primar la exigencia, a favor de sus afiliados, de una inmediata solución al desbarajuste financiero. Además de una identificación clara de sus responsables.

Solo así se podrá levantar la duda, en la percepción que en toda la República se tiene, contra la previsional. Donde se presta un gran servicio de salud, para la clase trabajadora, y hoy, incluso, a las más pudientes del país.

Merece por lo tanto, sea considerada una prioridad en el plan económico, ir luchando contra la ignorancia en la ocultación, en el manejo, que ha ido imperando durante los últimos decenios, en esta “perla averiada”, de la tradición económica, social y política del Paraguay.