Nuestra
democracia ha comenzado a levantar los conceptos, exigiendo a los actores
políticos, cumplimiento de la Carta Magna; posiblemente, con una sugestiva
intención de evitar, de manera un poco más visible, la corrupción sistémica.
Ese
parecería ser el tenor de lo manifestado, recientemente, sobre el respeto de la
libre competencia: un concepto clave,
para una economía de mercado.
Según la
TGC, si la ignorancia en la ocultación del poder, se utiliza a favor de una
persona, o, de un grupo específico de interés, se convierte en injusticia.
La cuestión
se complica en el campo económico, ya que la lectura de nuestra Constitución,
en su artículo 107, no admite interpretación equívoca o contradictoria, ya que
la “libre concurrencia”, bajo sus
términos, es absoluta; y contiene, incluso, otros incisos determinantes, como
los de “igualdad de oportunidad” y la
no permisión de “creación de monopolios”.
Por ende,
podríamos decir que el monopolio, como estrategia de expansión empresarial o
corporativa, es incompatible con nuestro Estado de derecho vigente.
Sin
embargo, en la práctica de la acción política, algunos actores pretenden dar
una “nueva” interpretación, de corte populista; olvidando el principio
elemental del Derecho Público, donde lo que “no
está expresamente permitido, está prohibido”. Lo cual, dada la expresa prohibición
del artículo citado, resulta obvio y redundante. Pero, por la confusión
existente, es necesaria.
Se prohíbe por
lo tanto, cualquier tipo de monopolio, ya sea a favor de una empresa privada o
pública.
Decía una
parlamentaria, que “aquí hay abundancia
de leyes, pero nadie quiere cumplirlas…”.
Pedir más
claridad a la máxima Ley de la República, es imposible. Una vez más, salta a la
luz, la carencia de conocimientos o prevalencia de intereses particulares, a la
hora de presentar proyectos.
Estamos ante
una nueva y posible instrumentación de la Ley, contradiciendo principios de
orden constitucional. Bien sabemos, que en tal circunstancia, cualquier
monopolio, es equivalente a la corrupción sistémica total: Resultante de la
complicidad público-privada.
La libre
concurrencia no es simplemente declarativa, debe ser demostrada con una
política con claridad, libertad y virtud; para convencer a los interesados
inversionistas, que en el país se busca la justicia y no las migajas del
soborno trasnacional.
Tratar de
confundir con la inexistente ambigüedad de conceptos, ya resulta una costumbre
pretérita y de mal gusto político.
El
monopolio sigue siendo del sector público, por medio de entes autónomos, como
el IPS, que sigue siendo obligatorio hasta para los jubilados: aportantes de “por
vida”. A quienes incluso, se les ha impuesto un descuento compulsivo de sus
aguinaldos, en concepto de “seguro de salud”, pese a que tal gratificación o
plus anual, en virtud del Código Laboral vigente, no puede ser objeto de ningún
tipo de descuento.
Empecemos a
liberarnos, no solo en los votos o en democracia, sino también en lo económico,
respetando la libre concurrencia, sin ignorancia ni corrupción.
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