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El proceso de verificación de la corrupción

Un avance anticorrupción
La gran corrupción, según la TGC, solo se da en las altas esferas del poder, ya que se utiliza la ocultación y el grado máximo de la ignorancia a través de la interpretación, cuyo resultado se transmite con decretos, leyes o sentencias. Disposiciones imposibles de discutir, salvo que se cuenten con el conocimiento objetivo sobre lo que implica la injusticia.

Aquí en nuestro país, sucede un hecho, a veces muy grave, hasta con pérdida de vidas, por culpa de la falta de inspección o verificación de obras municipales, y luego de haber ocurrido el accidente, inmediatamente los encargados amenazan con prohibiciones y orden, culpando exclusivamente a los particulares o propietarios de los lugares afectados.

Según la TGC lo correcto, y es lo que el ciudadano pide, es que los responsables de las instituciones públicas cumplan con sus funciones.

El artículo 106 de la Constitución, un artículo claramente anticorrupción, expresa con contundencia que todos los funcionarios públicos son responsables por sus actos fuera de la ley (se incluye también la omisión, por supuesto).

Sin embargo, ante esta norma, los funcionarios públicos de alto y mediano rango, alegan ignorancia o desconocimiento de lo que pasaba en sus instituciones.

La gran corrupción que nos caracteriza aquí en Paraguay, por el famoso “ñenbotavy”, es muy bien utilizado por los gobernantes para lograr sus fines económicos en detrimento del bien común.

La ligereza de adjetivar responsabilidad en algunos, queriendo dejar todo a cargo de los ciudadanos, atenta contra el Estado de Derecho, y desnaturaliza en sistema democrático, privando al Estado de su función central de administrar justicia.

La verificación es una obligación de las instituciones, y no se mejora, haciendo nuevos empréstitos para planes mágicos, de la orbe internacional, sino aplicando los métodos más modernos y actuales, que no pueden estar ajenos al estudio correcto de la corrupción, por se un problema sistémico y global.

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