Abuso de poder

El desalojo y la corrupción

El abuso de poder se nota fácilmente en un desalojo; en nuestro país la justicia se maneja con la corrupción sistémica, según la TGC, y el pueblo lo percibe y le llama injusticia, que no es otra cosa más que vicio e ignorancia en los encargados de administrar los órganos de justicia.

El artículo 106 de la Constitución Nacional aclara perfectamente la responsabilidad del funcionario público, en caso de que cometa abuso de poder en la función pública. Aquí se tira toda la responsabilidad a los funcionarios de menor rango, como si estos tuvieran poder o competencia para decidir. Si esto ocurre en el campo judicial es prevaricato y debe responder quien lo ha cometido e indemnizar a los afectados, todo está previsto en nuestro sistema judicial; pero, la interpretación para la hora de hacer cumplir y ejecutar esta realidad, siempre prioriza los intereses, y no la búsqueda justicia.

Pero la responsabilidad final está en manos de los Ministros, que son los que por mandato legal están obligados a ejercer el control que amerita la institución.

Si nuestros representantes del poder legislativo no se manifiestan y hacen cumplir estas verdades de nada vale el Estado de Derecho, ni mucho menos, una democracia social, como la que pretendemos establecer.

Gracias a la libertad de acción, pensamiento e ideas, y una doctrina anticorrupción, según la TGC, podemos afirmar: Que si no corregimos esta ignorancia de quienes ocupan cargos públicos en el país, el avasallamiento a nombre de cualquier particular, para sacar beneficios de los desalojos seguirá siendo un negocio, de los administradores de turno, sin buscar la verdad.

Todo poder sin una buena interpretación, con justicia y equidad, más aún, en las acciones de cumplimiento forzoso, como un desalojo, tiene consecuencias sociales e individuales muy grandes y perniciosas en el país.

Los poderes, de facto, están para hacer cumplir la ley; pero tampoco la ciudadanía puede callar ante el abuso.