Me decía un
parroquiano del Bañado sur: “Aquí los hombres públicos, están muy confundidos:
al servicio de la corrupción sistémica”.
Según la
TGC el poder puede ser fácilmente absorbido por la corrupción, cuando no
disminuye los niveles de ignorancia en su estructura.
La simple “disculpa”,
usual entre los ciudadanos comunes, es inaplicable a los hombres públicos, ante
una sociedad democrática y con un Estado de derecho, vector del buen
funcionamiento de las estructuras del poder.
Justamente
es el motivo por el cual las normas éticas, que no fueron respetadas en su
momento por los transgresores; al cometer hechos, actos o prácticas de
corrupción sistémica, lo mínimo que deberían hacer es renunciar. Para demostrar
conciencia ética y voluntad real de arrepentimiento, en aras del buen
funcionamiento; del respeto por las buenas costumbres en la política partidaria
y social.
Hoy las
facultades están más obligadas que nunca, a identificar dentro de su seno, a
los que participan o alimentan la corrupción en sistema. Que sean conocidos sus
actores y directores, en las distintas instituciones salpicadas con el fraude.
Todas las
materias que fueron “compradas”, deben ser recursadas
por los que infringieron un mandato legal y constitucional básico; con las
consecuentes pérdidas de los puestos públicos en los que fueron acomodados por
el sistema. También los deben perder los protectores, ejecutores y diagramadores
de la corrupción política en el país.
La libertad
de expresión, único instrumento del pueblo, para darse a conocer y defenderse,
que alguna vez fuera cercenada, a favor de los abusos de los hombres públicos,
hoy sigue siendo puesta en tela de juicio, por intereses comerciales
ocultos tras la bullanguería e
inmoralidad política.
Los
magistrados y funcionarios de relevancia, que siguen favoreciendo a la
mutilación paulatina de esta libertad, deben ser sancionados por prevaricato.
Tipificado en la legislación penal vigente. Al demostrar desconocimiento
manifiesto de normas jurídicas y principios del derecho universal.
La
Administración de justicia que acomoda resoluciones, sigue estando en boga en
los lares de los hombres de Estado.
Este
flagelo, tan bien estudiado y demostrado en el país, llamado corrupción, debe
ser observado con mayor interés, como un problema principal y no subsidiario de
ninguna ideología parcial.
Si los
hombres públicos siguen usando la ignorancia en la ocultación del poder, como
medio electoralista y clientelar, seguirá proliferando la injusticia en toda la
República.
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