Me decía un
parroquiano del Bañado Sur: “Aquí en nuestro país sigue la dictadura y los
descuentos compulsivos a los pobres”
Según la
TGC si la ignorancia en la ocultación del poder, callan a los políticos, lo que
sigue es la corrupción sistémica.
La verdadera
democracia nos permite visualizar, saber y conocer a través del cuarto poder,
quiénes son, con nombres y apellidos, aquellos responsables directos de las
prácticas, hechos y actos de corrupción.
En un
Estado de derecho mínimamente responsable, los administradores deben pedir el
juicio político a quienes han traficado, llevando por delante todos los Códigos
de ética y demás leyes en perjuicio de la sociedad.
Esta
realidad de los descuentos compulsivos, a favor de los gestores, a cambio de
conseguir un empleo público, siempre ha tenido gran preeminencia en toda Latinoamérica.
Ya sea por la ignorancia o por la falta de civismo, por parte de los actores
llamados políticos. Algunos de los cuales hasta socializan, tal práctica
corrupta.
Bien se
puede decir que todo se facilitó, con la costumbre de regalar a manos llenas la
plata del Estado. Sin tratar de enseñar a conseguirla. Como una respuesta
inmediata a la falta de cultura y el desinterés de los ciudadanos. Denominación
ésta muy difícil de obtener, si la gente comprendiera lo que implica cumplir a
favor del buen vivir, respetando la Constitución de la República.
Al ocurrir
un hecho, acto o práctica de corrupción, que involucra a un funcionario
público, ya sean estos electos o nombrados, de la alcurnia que fueran, y no
tienen aplicabilidad los Códigos de ética. Los cuales se refieren más bien a
faltas o infracciones, de contenido cuasi estilístico y de conducta social, y
no a delitos consumados.
La acción
de los fiscales debe ser inmediata, bajo pena de incurrir también en un
incumplimiento de la Ley fundamental. Por tratarse de hechos que saltan a la
luz pública. La realización de descuentos compulsivos nada tiene que ver con la
falencia administrativa ni con el perfil moral: constituyen delitos
tipificados, además de una afrenta al principio básico de legitimidad del
derecho público: “Lo que no está
permitido, está prohibido”.
De no
operar esta reacción de los Representantes de la sociedad, la corrupción
sistémica nuevamente se ensañará, por medio de la ignorancia en la ocultación,
con la estructura infectada del poder, dando alas para que la injusticia siga
primando tanto en la acción política como en el funcionamiento administrativo
del Estado.
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